A cambio de que el caso Pasta de Conchos no llegue a la CIDH, el Estado mexicano ofreció una solución amistosa, pero las acciones de rescate apenas inician y el gobierno federal no cumple a cabalidad sus compromisos. “Nos quedamos estacionados en 2019”, dice una de las viudas de la tragedia.
A cambio de que el caso Pasta de Conchos no llegue a la CIDH, el Estado mexicano ofreció una solución amistosa que los familiares de los mineros muertos condicionaron al rescate de los restos, el reconocimiento de todos los parientes (y no sólo a las viudas) y medidas de no repetición en una región que ha registrado más tragedias en minas de carbón. Pero las acciones de rescate apenas inician y el gobierno federal no cumple a cabalidad sus compromisos. Elvira Martínez Espinoza, viuda de uno de los trabajadores siniestrados, sintetiza: “Nos quedamos estacionados en 2019. Tenemos lo mismo que cuando empezó el gobierno de López Obrador”.
Sin avances importantes en el proyecto de rescate de trabajadores atrapados en la mina de Pasta de Conchos y sin una respuesta clara del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las condiciones fijadas por familiares de las víctimas para llegar a un acuerdo amistoso ante el litigio iniciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este sábado 19 se cumple un año más de la tragedia que hace 16 años puso al descubierto los riesgos que corren los trabajadores mineros en el país y la falta de supervisión institucional.
Durante su campaña, López Obrador se comprometió a recuperar los cuerpos de los mineros sepultados. En 2019 delegó la tarea a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero en septiembre de 2020 se la reasignó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se apropiará del carbón una vez que culmine el rescate de los restos.
Cuestionada al respecto, Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 65 trabajadores muertos a causa del derrumbe de la mina en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, ocurrido el 19 de febrero de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, habla de cero avance: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”.
El cuerpo de Jorge Vladimir es uno de los 63 que aún siguen sepultados, pues al principio sólo se rescataron dos.
Representante de un grupo de familiares de los mineros que iniciaron un litigio ante la CIDH en febrero de 2010 –asesorados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la organización Familia Pasta de Conchos–, Doña Elvira dice que el caso fue admitido en 2018.
Durante las tres administraciones previas a la de López Obrador, relata, “siempre nos dijeron; ‘No se puede hacer el rescate”. Y ahora dijeron: ‘Lo vamos a hacer’. Incluso trajeron expertos, dijeron que sí. Se hizo el compromiso público de hacer el rescate. Y durante el proceso se fue excluyendo a familiares de las reuniones con la CFE”.
Integrante de un grupo de mil 100 peticionarios reconocidos en el proceso que se sigue ante la CIDH, doña Elvira recuerda que durante año y medio el gobierno federal determinó negociar sólo con las viudas de los trabajadores sepultados en Pasta de Conchos. Excluyó a los demás familiares, a pesar de que ante el organismo internacional expresó su disposición de llegar a una solución amistosa para evitar llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El julio del año pasado, en respuesta al ofrecimiento del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa ante el organismo regional, los peticionarios en el caso de Pasta de Conchos condicionaron su consentimiento al reconocimiento de la totalidad y no sólo a las viudas, que en su mayoría no solicitaron la intervención de la CIDH.
Asimismo, para evitar ir a la Corte Interamericana, pidieron encaminar acciones para el rescate de cuerpos y emprender medidas de no repetición, toda vez que la región carbonífera de Coahuila ha registrado otras desgracias por la falta de supervisión de la STPS.
Gloria Leticia Díaz
Fuente: Proceso