Abandonada, sin sellos de aseguramiento ni de estar el inmueble sujeto a investigación alguna por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así se encuentra la residencia ubicada en la calle Picacho 259, en El Pedregal, en la Ciudad de México, a más de un mes de que se puso al descubierto la red de corrupción que encabezaban Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
En ese domicilio, según grabaciones difundidas en Internet, y de acuerdo con contratos difundidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el órgano electoral federal y decenas de organismos públicos locales electorales (OPLE) se otorgaron al menos 49 contratos a dichas empresas entre 2018 y el año pasado, por un monto total de mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos, para la adquisición de material electoral, como urnas, boletas y mamparas.
En la residencia, se habrían establecido los montos de los sobornos o “comisión” que correspondería a Taddei y al empresario respecto de la adjudicación de contratos para material electoral, como urnas, boletas y mamparas.
También repartían cargos
Asimismo, en esa casa supuestamente se decidía la designación de titulares de los OPLE; sin embargo, la FGR no ha querido detallar oficialmente la información que ha recabado, mientras la ASF ha asegurado que ya cuenta con testigos que están dispuestos a aportar información respecto de la red de corrupción.
En tanto que en la FGR se integran diversas carpetas de investigación en tres fiscalías especializadas, las indagatorias de la ASF han establecido que en el INE se concentraron en dos grupos de conglomerados de empresas y con ello las contrataciones con entes públicos, principalmente con institutos electorales.
Los grupos fueron identificados como GHC (relacionada con los hermanos Hernández Casillas) y GC por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, de acuerdo con una presentación entregada al Congreso en octubre pasado.
El organismo auditor habría detectado que la facturación de ambos grupos alcanzó 8 mil 870.3 millones de pesos, principalmente con los institutos electorales.
Al respecto, en el domicilio de Picacho 259, que corresponde a una propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, se cree que se celebraban encuentros entre funcionarios y contratistas.
Durante un recorrido, La Jornada detectó que el inmueble se encuentra cerrado, sin personal de custodia en los accesos peatonal y vehicular, y que los portones tienen polvo acumulado, mientras en las banquetas se amontonan hojas que han caído de los árboles cercanos, y ningún sello de aseguramiento.
Gustavo Castillo García
Fuente: La Jornada
