El Senado de la República abrogó ayer la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, ya que después de más de un siglo de vigencia, no sólo era ya anacrónica e inoperante, sino que afecta gravemente la libertad de expresión, de prensa y la manifestación de ideas, al censurar y considerar como delitos esos derechos, coincidieron en tribuna senadores de todas las fuerzas políticas.
La minuta, que suprime de forma definitiva esa norma, fue aprobada por 92 votos en favor y cero en contra, tras lo cual se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que con la abrogación de esa ley se deja sin efecto una serie de normas obsoletas que significaron una amenaza “para quienes ejercen la noble profesión del periodismo o para todos aquellos que expresan sus ideas políticas” y estaban en riesgo de ser sancionados incluso con cárcel.
El contenido de la conocida como Ley de Imprenta “ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico”, ya que se contrapone con lo establecido en la propia Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos”, sostuvo.
Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recordó que en la Cámara de Diputados se aprobó en comisiones una iniciativa donde se restablecían y agravaban las sanciones por injurias al Presidente de la República. Aquí, por el contrario, “abrogamos esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.
En el dictamen avalado ayer se señala que es imperioso derogar esa Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada el 12 de abril de 1917 por Venustiano Carranza, ya que parte de “una visión punitiva y represora”, que incluye conceptos o definiciones como ataques a la moral y a la moral pública, así como “políticas propias de un sistema autoritario o totalitarista” que debe ser excluido del orden jurídico nacional. Las disposiciones normativas y sanciones contenidas en la Ley de Imprenta “resultan del todo inaceptables para un Estado constitucional moderno y democrático como el nuestro. Muestra de ello, por ejemplo, es que considera punible cualquier manifestación que resulte ofensiva a la autoridad, sea en lugares públicos o privados, cuando sean observadas, vistas y oídas por el público”.
También es inaceptable que se consideren “ataques al orden o a la paz pública las injurias que cualquier ciudadano haga contra funcionarios nacionales o de países amigos”. La ley abolida define como ataque a la moral toda manifestación de palabras por escrito o por cualquier otro medio, con los que se defiendan o disculpen públicamente los vicios o faltas”.
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Fuente: La Jornada