Acusan a García Luna por tráfico de drogas en aeropuerto de CDMX

La defensa del acusado recalca que no hay pruebas físicas y todo se basa en declaraciones.

Raúl Arellano Aguilera, ex miembro de la Policía Federal, acusó a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, de poner en marcha un sistema de alertas en el aeropuerto de la Ciudad de México (CDMX) para dejar de actuar cada que una maleta con droga o dinero entraba o salía de la terminal.

Durante el juicio por narcotráfico que se lleva a cabo en Estados Unidos (EU) en contra del ex funcionario mexicano, Arellano Aguilera explicó que cuando llegaba esa directriz en código policial, una o dos veces por semana, “tenía que permanecer en mi área sin hacer revisiones o detenciones” hasta por dos horas.

Explicó que cuando empezó a trabajar en el aeropuerto, en 2007, estas órdenes lo sorprendieron. Poco después descubrió que estaban relacionadas con el trasiego de sustancias ilícitas y efectivo que coincidían con la llegada de vuelos de Centroamérica y con la salida de aviones hacia Estados Unidos o Europa.

Dijo que también estaban involucrados Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). 
 

Suman más señalamientos contra Genaro García Luna

El contador del ex criminal Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, aseguró ayer en un tribunal de Nueva York que registró en sus libros de contabilidad más de 10 millones de dólares en supuestos pagos al ex secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna a cambio de seguridad e información.

Vestido con un uniforme de presidario verde claro, Ávila, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, testificó que como contable de Pineda Villa, alias “MP” y “Gordo Malo”, registraba los ingresos obtenidos del narcotráfico, así como los gastos y los pagos por los servicios de seguridad estatales, federales y municipales, además de los sueldos de los trabajadores o los alquileres de casas y almacenes.

“Le ayudé a hacer unas hojas de contabilidad en Excel”, en lugar de registrarlo todo en libros, con la intención de que pudieran llevar su contabilidad de una manera “más clara”, dijo Ávila desde la tarima.

Cuestionado por la Fiscalía para profundizar su declaración, Pineda precisó que esos pagos no eran directos a García Luna, sino que se hacían a través de otros narcotraficantes, entre los que citó a Jesús “El Rey” Zambada, el clan de los Beltrán “Leyva” y también a los narcos Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, y Édgar Valdez Villarreal, más conocido como “La Barbie”.

El “narco-contador” indicó que el mayor pago que registró a nombre de García Luna fue de cinco millones de dólares, pero que también recuerda pagos de tres millones, un millón y de 1.8 millones de dólares.

Dijo también que en lugar de registrar el nombre del ex secretario, junto a los pagos se escribía “El Tartamudo” y “El Metralleta”, sobrenombres con los que algunos narcos se referían a Genaro García Luna.

Recordó además un pago de 500 mil dólares que realizó en persona al secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, que en los libros de cuentas se identificaba con el sobrenombre de “el de los cuernos”, “el cabeza” o “Vaca”.

Pineda Villa también contó que tras la muerte de “MP” y de su hermano Alberto Pineda Villa en 2009, trabajó, entre otros, para el clan de los Beltrán Leyva y para “El Grande” y que fue detenido durante un viaje a Estados Unidos en 2012.

El contador del narco, que también reconoció que realizó otras labores para sus jefes, como la participación en secuestros y torturas, fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos y espera ser liberado a finales de 2025.

    La defensa sostiene carencia de pruebas

    Aunque los testimonios podrían sonar duros, la defensa de Genero García Luna se mantiene en su línea desde que comenzó el juicio.

    Y es que los abogados del ex funcionario mexicano han recriminado durante las dos semanas de proceso la ausencia de pruebas físicas como fotografías, mensajes de texto o grabaciones de audio o video y ha intentado desacreditar a los testigos por ser narcotraficantes y asesinos que, según su relato están testificando a cambio de rebajas de penas carcelarias o como represalia contra el ex político por su lucha contra el narcotráfico.

    EFE .

    Fuente: El Informador