El gobierno federal paga anualmente 5 mil 651 millones de pesos por la operación de nueve hospitales construidos bajo el esquema de asociación público-privada en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y acumula un adeudo por este concepto de 98 mil millones de pesos, de acuerdo con datos exhibidos ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Quiero que conozcan el caso de nueve hospitales, cuánto se tiene que pagar. Si uno hace las cuentas, resulta que lo que se paga por un año de estos servicios alcanzaría para hacer en tres años los nueve nosocomios”, informó el mandatario, quien ha calificado este esquema de contratación de “un robo”.
Al reiterar que su gobierno pretende comprar los hospitales para disminuir la carga presupuestal que representa abonarle a particulares por sus servicios, destacó el caso del Hospital General de Tapachula, Chiapas, construido para el IMSS en 2017 con 180 camas, por el cual se estimó un costo de 17 mil 364 millones, de los que aún se deben entregar 12 mil 660 millones. Anualmente, el gobierno paga 660 millones a particulares por sus servicios. “Sin corrupción, se construye con mil 500 millones”, aseguró.
Tras negarse a revelar los nombre de los empresarios involucrados, añadió que en total 12 hospitales operan bajo este esquema y manifestó que ya se ha establecido contacto con algunos de los inversionistas y que han aceptado que se realice la compra. Sin embargo, externó que aún deben hacerse los avalúos correspondientes para calcular cuánto se les ofrecerá.
“Ahora estamos viendo cómo revisamos contratos o de plano adquirimos, compramos 12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio, pero son hospitales hechos por empresas y se les paga anualmente por el servicio. Consideramos que esos contratos son perjudiciales para la hacienda pública”, subrayó.
Aseveró que al inicio de su gobierno estaban en una situación similar 12 reclusorios que eran administrados por particulares. Al respecto, recordó que si bien su gobierno logró un acuerdo con dichas empresas que se ha traducido en ahorros por 10 mil millones de pesos para el erario federal, esto no lo dejó conforme.
Expuso que no es viable que el gobierno suspenda los contratos de los hospitales, pues esto implicaría un juicio. “Como está el Poder Judicial, nos cepillan, perdemos, porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en ese ente, porque son de los reductos que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto”.
Declaró que si bien “no es para presumir, tenemos para comprar, como se adquirieron las 13 plantas de Iberdrola”.
Aseguró que detrás de este tipo de contratos “están metidos los de la clase política, los del cogollo, los de arriba, puro influyentismo”.
Garantizó que si el régimen corrupto regresara a gobernar México, “no saldríamos como país, porque lo que más daña es esto, la corrupción.
“Y ahí va limpiándose, pero era mucho, por eso hay que seguir con la transformación y no permitir que regresen, porque van a venir hasta con más hambre de dinero, entonces pues no saldríamos como país”, sostuvo.
Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares
Fuente: La Jornada