Agresiones contra periodistas: 45% viene de autoridades municipales

Corrupción y colusión, entre motivos de ataques

Alejandro Encinas, reconoció que cerca de la mitad de las agresiones contras periodistas y defensores provienen de autoridades municipales.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que cerca de la mitad de las agresiones contras periodistas y defensores provienen de autoridades municipales.

“Un dato que es muy delicado: 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen, de los grupos delictivos en sus respectivos territorios.”, expresó desde Palacio Nacional.

En este marco, el subsecretario afirmó se han venido fortaleciendo las acciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues en tres años los recursos otorgados superan la cifra de los 1,248 millones de pesos, atendiendo una Mayor incorporación del número de beneficiarios.

Cuerpos sin identificar

Por otro lado, Encinas Rodríguez informó que hay 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y servicios forenses en nuestro país. Además, se tiene registro de 95,000 personas desaparecidas.

Derivado de esta situación, adelantó que la Secretaría de Gobernación se encuentra en diálogo con legisladores y las entidades federativas para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, “para atender el rezago y establecer mecanismos de identificación masiva”.

De igual manera indicó que existe un convenio con Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto de la Universidad de Innsbruck donde no sólo se capacita al personal, sino que se homologan estándares y protocolos.

Por último, con respecto a las solicitudes de libertad bajo la Ley de Amnistía, el funcionario dio a conocer que se han presentado 1,798, de las cuales se han liberado a 44 personas.

Maritza Pérez

Fuente: El Economista