Richard Lizárraga Peiro
La empresa AGRORESERVAS DE LOS MOCHIS S.C., que se dedica a producir y almacenar papa, maíz y sorgo, y que tiene la “base” en Salt Lake City Utah, Estados Unidos, y con oficinas en Los Mochis y Caborca, violenta los derechos laborales y humanos de sus trabajadores al retenerles y exigirles la cesión de una parte de los salarios. La demanda de “dar un porcentaje” de los sueldos atenta contra la Ley Federal del Trabajo.
El “asalto” de los salarios de los empleados de la compañía tiene ribetes de gravedad, puesto que desde hace meses los trabajadores comenzaron a percatarse de faltantes en sus pagos, los cuales no correspondían a los contratos o a la promesa de pago ni a la nómina real de la empresa: el problema creció, porque de unos cuantos pesos de “descuento” paso a una disminución de entre 15 por ciento y el 20 por ciento en sus percepciones.
Son más de 20 familias las que en estos momentos se encuentran en estado de indefensión. Debido a los malos manejos en sus cheques de nómina, la empresa optó por realizar el modo de pago a depósito bancario, sin embargo, siguen siendo hostigados para que de manera personal entreguen un porcentaje de su sueldo a sus superiores.
El principal responsable de estas acciones, según los afectados, es Roberto Félix Gaxiola, quien se encarga de las bodegas de AGRORESERVAS en Los Mochis y es quien recluta y realiza los pagos del personal a su cargo.
Al ser encarado por los afectados, el personaje en mención culpó al personal de contabilidad y recursos humanos de la empresa, justificando que son ellos los que le indican que esas son “las formas” en las que deben de conducirse hacia los trabajadores.
AGRORESERVAS DE LOS MOCHIS, S.C., por ser una empresa extranjera que, según su pagina oficial se conduce bajo los valores de humanismo, igualdad, transparencia y respeto, debe de tomar cartas en el asunto de manera inmediata, antes de que este conflicto escale a los tribunales laborales y los trabajadores perjudicados acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya que retener y descontar el salario de los trabajadores y sus familias es un delito grave.