Asegura que los ministros deben trabajar en conjunto para obtener resoluciones más eficientes.
La campaña de desprestigio contra integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha sido injusta en la mayoría de los casos, aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán.
“(Esa campaña de desprestigio) en la mayoría de los casos ha sido injusta y desinformada; sin embargo, algo existe y eso que existe tenemos también que trabajarlo”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.
Pérez Dayán es uno de los cinco ministros que aspiran a la presidencia del máximo tribunal y aseguró que la credibilidad del PJF se dará a través de la transparencia.
“Si creemos en las instituciones, lo que tenemos que hacer es protegerlas, la generalización nos afecta severamente, cuando la crítica tiene por objetivo menoscabar, se vuelve una crítica negativa, somos abiertos a la crítica positiva, así como se nos denuncia, tendremos la posibilidad de denunciar, cierto, la credibilidad está atada a un sistema de información posiblemente precario sobre lo que son particularmente las decisiones de los jueces”, indicó.
Una de sus propuestas es crear una unidad para que los juzgadores denuncien cualquier acto que atente contra su autonomía.
“Lo que trato de atajar es la posibilidad de que se pretenda influir negativamente en un juzgador a partir de la amenaza, ya no tanto violenta, sino la institucional, las presiones internas, o las presiones gubernamentales, o las presiones de sectores económicamente poderosos”, enfatizó.
En el caso de las agresiones a impartidores de justicia por parte del crimen organizado, señaló que estas se deben atender con mayor cuidado, además de tener medidas de protección que garanticen la integridad de los juzgadores.
Aseguró que habrá continuidad en las políticas contra el nepotismo y la corrupción en el PJF, pues no se permitirá que se viole la ley mediante nombramientos indebidos o con fallos que no estén justificados y por eso es necesario reforzar los sistemas de control.
Además, Pérez Dayán aseguró que los tres poderes del Estado mexicano no están creados para enfrentarse sino para complementarse y coadyuvar.
“Un juez contribuye en el papel de la democracia cuando no solo aplica la ley sino exige su cumplimiento frente a las funciones públicas, pero para ello si se requiere de un entendimiento funcional con los restantes poderes, particularmente con el Ejecutivo, quien a través del sistema de competencias es quien cumple la voluntad de la ley o deja de cumplirla, ahí es donde la comunicación es fundamental”, explicó.
En sus líneas de trabajo señaló que no se pretende una presidencia que tome decisiones relevantes de forma unilateral y que controle todo en un modo “presidencialista”, sino una que permita la colaboración de los otros ministros.
Destacó que la sociedad está cada vez más interesada en lo que realiza la Corte y conceptos como acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional son de uso más común, además que la figura del presidente y el modo en que se renueva su encargo también tienen mayor relevancia.
Reforzar el perfil de los juzgadores y consolidar las políticas de cero tolerancia al hostigamiento laboral y al acoso sexual, son otras propuestas del ministro.
Diana Martínez
Fuente: El Heraldo de México