López Obrador aseguró que la decisión de que Peña Nieto tenga que regresar a México para afrontar los señalamientos es de la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) aún no tiene abierto ningún proceso penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, sino apenas investigaciones preliminares, por lo que no violó ninguna garantía del exmandatario al difundir información sobre su indagatoria, expusieron expertos en derecho.
Consultados por separado, el abogado constitucionalista Fernando Castillo Pacheco, y el abogado Octavio Martínez (socio del despacho HMSC,) coincidieron en que al haber aperturado carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero, por posibles delitos electorales y enriquecimiento ilícito, la FGR no le causó ningún perjuicio al expresidente priista ni violó sus derechos al mostrar información preliminar sobre ello.
“Hablar de que hay denuncia o investigación, en este momento no viola el principio de no divulgación”, afirmó el abogado Martínez.
Sin embargo, dijo que es obligación de la fiscalía guardar la secrecía que amerita.
“Aún no inicia el proceso penal, la información debe ser resguardada porque implica el éxito de la investigación, y que no se manche, se ensucie la investigación”, sostuvo.
Por su parte, Fernando Castillo destacó que en este momento procesal, Peña Nieto es inocente y las acusaciones son a título de probabilidad, máxime que la FGR aún no judicializa (presentado ante un juez) sus carpetas de investigación.
Resaltó la posibilidad que los delitos patrimoniales y electorales contra Peña hayan prescrito, en cuyo caso la FGR no podría judicializar.
También estimó mayor probabilidad de que la fiscalía pueda presentar ante el juez sus investigaciones por las supuestas transferencias sospechosas a Peña entre 2019 y 2022 en cuentas de España y México, ya que no habría prescripción.
El jurista destacó que si la FGR pretende vincular a Peña con delitos electorales por la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestamente haber recibido financiamiento de Odebrecht en 2012 para su campaña, o por el caso OHL, a partir de la denuncia que presentó el exrepresentante legal de Infraiber, Paulo Diez, podrían ser delitos prescritos debido a que la PGR y la FGR ya se pronunciaron por el no ejercicio de la acción penal.
Llamado a declarar
Octavio Martínez explicó que la FGR puede citar a Peña Nieto a declarar en calidad de imputado, aunque también tiene derecho a decidir si lo hace o no.
Indicó que el exmandatario también está en su derecho de promover algún recurso para conocer las carpetas de investigación en su contra, aunque según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la FGR podría negarle el acceso en caso de que no haya sido citado a declarar.
Martínez dijo que no hay un tiempo exacto para que la FGR pudiera judicializar las carpetas de investigación, y eso dependerá de la solidez de las pruebas que recabe la fiscalía.
“Todo dependerá de la estrategia de la fiscalía, y es un caso políticamente atractivo (…) La única forma de detenerlo (a Peña) es que la fiscalía tuviera un caso sólido”, refirió.
En ese punto, el constitucionalista Fernando Castillo Pacheco expuso que en caso de ser citado a declarar, el expresidente (quien se sabe radica en España) podría ser notificado por canales diplomáticos, y decidir declarar o no en el consulado, por lo que no estaría obligado a venir a México.