Desafían trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la reforma judicial: seguirán suspendidas las actividades en juzgados y tribunales.
Ayer venció el plazo que les dio el CJF para reanudar labores, y la respuesta de empleados de base y mandos medios, aglutinados en diversas asociaciones fue: aún no existen las condiciones necesarias para levantar el paro (…) asumiremos las consecuencias
.
Al cierre de este edición, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) no habían dado a conocer los resultados de su consulta, pero su dirigente, la jueza Juana Fuentes Velázquez, señaló la posibilidad de que los impartidores de justicia decretaran los días 11 y 12 de octubre como inhábiles, ante la postura de los trabajadores y porque en su anterior consulta la mayoría de juzgadores votó por continuar la suspensión de labores.
A diferencia de las ocasiones anteriores, cuando el CJF llamó a pleno para analizar y votar una prórroga a la suspensión de actividades, como apoyo al movimiento de los inconformes con la reforma al Poder Judicial, ayer no se convocó a sesión; incluso, los consejeros y el personal fueron advertidos de la posibilidad de un intento de toma de instalaciones, por lo que la mayoría realizó home office.
El pasado día 3, el pleno de la Judicatura aprobó la suspensión de labores hasta este viernes, y el consejero Javier Molina expuso que la suspensión de plazos no puede ser indeterminada
, pero avaló el periodo definido, mientras sus pares Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés votaron en contra de ampliar el paro.
Luego de una manifestación de más de siete horas afuera de la sede del CJF, en la que protestaron porque la Judicatura entregó las listas que permitirán al Senado avanzar en la insaculación de cargos para la elección de jueces y magistrados, y exigieron que se extendiera legalmente la suspensión de labores, es decir, con autorización de la Judicatura, entregaron un oficio y señalaron que seguirán en paro indefinido.
Gustavo Castillo García
Fuente: La Jornada