El Senado aprobó ayer por unanimidad de 109 votos a favor una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio que permita establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país.
También se busca tener los mismos estándares de investigación y fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en el combate a ese delito.
El documento propuesto por la titular del Poder Ejecutivo fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que la oposición pidió que la reforma sea acompañada de suficientes recursos, porque de lo contrario será letra muerta.
La iniciativa parte de un diagnóstico en el que se menciona que siete de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La emecista Alejandra Barrales añadió que, en los últimos 10 años, en México se han cometido 8 mil 735 feminicidios, es decir, dos al día.
En el análisis también se señala que en los estados hay diferencias sustanciales en los elementos del tipo penal, criterios diversos para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones no homologadas y desigualdad en los criterios de investigación. Por ejemplo, existen 33 códigos penales con un contenido heterogéneo.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de esta cámara, Enrique Inzunza, explicó que la dispersión normativa y los criterios múltiples impiden una actuación uniforme y coordinada frente al feminicidio y llevan a la impunidad.
El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que con este cambio normativo lo que se está haciendo es dar un paso firme para que el Estado mexicano “actúe como un solo frente” y que haya “contra la violencia el muro más fuerte y sólido posible construido por la sociedad”.
Para la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, la expedición de una ley general en materia de feminicidio no es sólo una herramienta jurídica, sino una decisión política. Es decidir que en todo el país se va a investigar con los mismos estándares, que se va a actuar con perspectiva de género y que el esclarecimiento de la verdad no va a depender del código penal local, sino de un compromiso real del Estado, de la Federación y de los estados.
Piden veracidad en registros
Alejandra Barrales, la priísta Karla Guadalupe Toledo Zamora y la panista Laura Esquivel anunciaron el voto a favor de sus bancadas, pero pidieron veracidad en los registros de feminicidios, que dejen de maquillar las cifras y que se dé un presupuesto suficiente a las fiscalías y a todas las instancias involucradas.
Casi al final del debate y a propuesta del legislador de Chihuahua Juan Carlos Loera, los senadores gritaron “presente” cuando se enlistaron algunos de los nombres de víctimas, como Digna Ochoa y Miroslava Breach, reportera de esta casa editorial, a manera de recordatorio de la “deuda que el Estado tiene con las mujeres”.
Georgina Saldierna y Andrea Becerril
Fuente: La Jornada