Expone Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
La UIF ha presentado 424 denuncias ante la FGR por lavado de dinero, corrupción y otros delitos del 2019 al 2021.
Los cárteles mexicanos blanquean anualmente unos 25,000 millones de dólares mediante el ciberespacio y las criptomonedas, que son una nueva forma de operar el mercado de drogas, armas y personas, estableció el Informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en México.
“El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos. Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (“atomización”)”.
“Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo. Según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones”, detalló el documento.
El Economista informó el 3 septiembre del 2021 que los grupos de la delincuencia organizada ya utilizan los activos financieros virtuales (criptomonedas) para blanquear recursos, o bien para pagar suministros, armas y drogas. Para evitar ser detectados por las autoridades, usan a personas —principalmente jóvenes— como “ciberburreros” para adquirir masivamente criptomonedas, de acuerdo con especialistas.
Nuevos métodos
Durante la presentación este jueves del Informe, Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, delineó los nuevos métodos para el blanqueo de dinero y tráfico de drogas por parte de los grupos delictivos mexicanos, debido a que la demanda de sustancias ilegales ha aumentado.
Afirmó que los flujos financieros no sólo implican recursos procedentes de la venta de sustancias ilegales, sino también de la corrupción y el soborno, y los fondos blanqueados son usados en su mayoría para fines ilegales.
Indicó que para tal fin, dichos grupos utilizan al sistema financiero nacional, pero también las remesas, reservas de valor, métodos comerciales, criptomonedas, bienes inmuebles y las empresas fachadas. Por ello, llamó a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno a reforzar los medios de transparencia del gasto público y combatir a la impunidad.
Sugirió usar la recuperación de activos para ampliar la prevención de delitos mediante servicios como bitcoin y la trata de personas; para la capacitación del servicio postal, ya que los cárteles lo usan para traficar drogas.
Stacy de la Torre, consejera regional anticorrupción de UNODC, resaltó que México cuenta con un marco legal para combatir operaciones sospechosas con moneda electrónica, y resaltó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para presentar denuncias. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha fortalecido sus capacidades contra el tráfico de drogas.
En tanto, Marla Daniela Rivera Moya, directora de Asuntos Normativos de la UIF, indicó que del 2019 al 2021 esa instancia ha presentado 424 denuncias ante la FGR por presuntos actos de lavado de dinero.
Menores y drogas
Por otro lado, del Campo indicó que a pesar de que el informe no cuenta con una ninguna recomendación con respecto a la venta de droga a menores en entornos escolares, recomendó a las instituciones educativas como al gobierno federal que se tenga un protocolo de actuación.
“Lo que es realmente importante es que exista un buen protocolo dentro de las instituciones escolares que permita, que una vez que se detecta el consumo de sustancias en un alumno, la respuesta inmediata no sea la expulsión. Lo que se hace es perpetuar el ciclo de exclusión de los usuarios de sustancias y negarle la oportunidad para que un joven sea ayudado y atendido”, abundó.
Jorge Monroy y Redacción
Fuente: El Economista