Alvaro Aragón Ayala
Para que no se siga cultivando la percepción de que es un instrumento político para «aplastar» a los opositores del proyecto personal de Feliciano Castro Meléndrez y de que queda claro que no hay presidentes municipales protegidos o intocables, el Congreso Local debe dar un tratamiento igual al procesamiento de las demandas de juicio político contra los alcaldes de Cosalá y Mazatlán señalados por la sociedad civil de cometer actos de corrupción, abuso de autoridad y nepotismo.
El principio de igualdad constituye uno de los pilares de la organización política contemporánea. Se trata de un precepto recogido en la Constitución Política de la República Mexicana y por los diversos organismos internacionales. Es un instrumento vinculante para el legislador y el administrador y garante de los derechos humanos.
El alcalde de Culiacán es sometido a juicios políticos por el Poder Legislativo. Dada la torpeza con la que el presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez, trata el “Caso Jesús Estrada Ferreiro”, más allá del principio de la legalidad y de quien tiene o no la razón, el Poder Legislativo ofrece la lectura, de que se trata de la instrumentación de venganzas personales y de maquinaciones políticas para sacar de la jugada sucesoria 2024 al presidente municipal.
Si bien el Congreso Local no aplica la ley, sino que desarrolla en sí un procedimiento jurisdiccional y normativo para que sea el Supremo Tribunal de Justicia el que emita la sentencia en torno las acusaciones de juicio político contra el jefe del Ejecutivo Municipal de Culiacán, sí encaja, en sus funciones, el principio de igualdad en el tratamiento de las denuncias que pesan contra Carla Úrsula Corrales Corrales, de Cosalá, y Guillermo -El Químico- Benítez de Mazatlán.
Sobre Carla Úrsula Corrales pesa una denuncia de juicio político en el Congreso Local por realizar acciones contra jubilados y pensionados del ayuntamiento de Cosalá que legalmente tienen derecho a disfrutar de pensiones conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, el cual es desconocido por la misma alcaldesa. También la acusan de nepotismo.
Quienes exigen que a Carla Úrsula se le instaure juicio político dudan de que el Congreso Local actúe ya que presume de la protección estatal y de sus “nuevas relaciones” con el presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez. La presidenta municipal por cuyas venas corre sangre priista acaba de incorporarse como “activista” de Morena para obtener ella y su esposo el constructor José Juan Conde los privilegios que la Cuarta Transformación otorga a los traidores.
Guillermo -El Químico- Benítez, arrastra una “larga cola” de corrupción desde su primera gestión como alcalde, la cual inicio en el 2018. Siempre ha gozado de la protección del Congreso Local y de la Auditoría Superior del Estado. En la pasada administración, en funciones de síndico procuradora Elsa Bojorquez Mascareño, lo acusó por violencia política de género, acoso laboral, acoso sexual, desvío de fondos al menos 12 millones de pesos, nepotismo y violencia contra periodistas de distintos medios de comunicación. No sucedió nada.
Este año, el Movimiento Amplio Social Sinaloense exige juicio político contra el alcalde mazatleco por violentar los derechos de las familias de desplazados que exigen un lugar donde vivir, en tanto que Soledad Astrain Fraire, presidenta del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, lo coloco en el tapete de la sospecha al considerar “oneroso” a simple vista el costo de la compra de 400 luminarias de manera directa y evalúa -dijo-la posibilidad de pedir la intervención de la Auditoría Superior del Estado, que ya ha protegido en otras ocasiones a Benítez Torres.
Los colectivos sociales acusan a “El Químico” Benítez de dilapidar los recursos públicos en pachangas callejeras y en beneficiar solamente a dos sectores, el hotelero y restaurantero. Denuncian que el presidente presta servicios públicos de primera clase a la Zona Dorada y a fraccionamientos de lujo, pero mantiene en el olvido a las colonias populares y las áreas marginadas golpeadas por la extrema pobreza, zonas a donde no llegan o son sumamente deficientes los servicios de seguridad pública, agua potable, drenaje y recolección de basura.
Así, pues, para evitar malas lecturas o interpretaciones, el Poder Legislativo está obligado a actuar con la misma celeridad que aplicó al “Caso Jesús Estrada” en las denuncias que pesan contra los dos alcaldes, el de Cosalá y Mazatlán, para fijar una noción completa de igualdad, usando la misma “velocidad” o apremio que aplica al juicio político contra el alcalde de Culiacán. El trato igualitario es un derecho que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos.
En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva. No existe acceso a la justicia cuando, por motivos económicos, sociales o políticos, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia