Alvaro Aragón Ayala.
El aumento a las tarifas de peaje desató en Sinaloa un interesante debate que sí, en efecto, pone en la mesa de la discusión los altos precios cobrados por transitar por las rúas «federales», pero deja por fuera la búsqueda de soluciones para frenar el voraz apetito económico de quienes detentan el monopolio carretero.
La polémica pública no generará en sí un movimiento estatal o nacional por la reducción en las tarifas, pero la controversia visualiza que las rúas «federales» no son propiedad de la nación, sino de particulares que aprovecharon la ola privatizadora de los gobiernos neoliberales para cuajar millonarios negocios apropiándose de la infraestructura carretera.
Con las altas tarifas cobradas que generan montos millonarios de pesos que van a dar a las abultadas cuentas bancarias de unos cuantos empresarios, el gobierno estatal está obligado a buscar soluciones de fondo para impedir que los sinaloenses sigan siendo «ordeñados» por las altas tarifas carreteras.
En Sinaloa y otros estados del país, la única salida para acabar con los abusos de los concesionarios-propietarios de las carreteras sería la construcción de caminos o rúas alternas ya sea a la altura de las casetas de cobro o bien de manera o forma paralela a todo lo largo de la Internacional o de la Costera para facilitar el libre tránsito, sin pago de cuotas, a los propietarios de toda clase de vehículos.
O bien facilitar a los particulares la construcción de esas carreteras alternas que competirían con la aplicación de tarifas de peaje y en consecuencia por los clientes que circulan por las rúas de norte a sur o viceveresa. Las carreteras podrían construirse respondiendo a las demandas de los usuarios, unas, y otras a estudios de factibilidad.
Ciertamente. En una economía de mercado, los neoliberales encontraron el mecanismo para que todos los costos que impliquen las carreteras «federales» – de particulares- sean pagados por los que las usan o se benefician de ellas; los usuarios, en este caso, se encuentran frente al monopolio de la red carretera que franquea la aplicación de tarifas de peaje altamente abusivas.