El magistrado Ricardo León Caraveo descubrió la “descomposición” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde, dice, opera una red de corrupción judicial que ha falsificado más de 120 sentencias con pérdidas para el gobierno estimadas en un billón 400 mil millones de pesos.
Originario de Tabasco y nombrado en enero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviado a la tercera sala regional, en Jalisco, donde encontró todo tipo de anomalías constitutivas de delito por lo que denunció a los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA señalando irregularidades en la actividad jurisdiccional con daño a la hacienda pública federal.
“También me di cuenta de que había violaciones a derechos humanos. Pregunté cuándo eran las sesiones. Me dijeron que no se sesionaba, me mostraron unos criterios de la Corte. Los leí, y les dije: ‘esto no impide que sesionemos’. Simulaban que sesionamos, y ello ha generado a México en 10 años un interés económico controvertido e incrementado por pérdidas para el gobierno de un billón 400 mil millones de pesos por la falta de cumplimiento a la ley”, dice León Caraveo en entrevista con La Jornada.
Adscrito a esa sala regional de febrero de 2024 a junio de 2025, el magistrado denunció en mayo de 2025 (oficio 07-3-2-28697/25) a los integrantes de la junta de gobierno y administración del tribunal: al presidente Guillermo Valls Esponda, a los magistrados Hortensia García Salgado y Carlos Humberto Rosas Franco; además de Luis Enrique Osuna Sánchez y Juan José de la Garza, quienes en varias actuaciones asentaron que León Caraveo se negaba a firmar las sentencias “ante la presencia del secretario de acuerdos”.
“Lo anterior es falso, porque en varias de esas fechas de esas actuaciones no estaba yo en Guadalajara. En las fechas que sí estuve, en cada proyecto de sentencia mediante oficio argumenté las irregularidades jurídicas; la más importante fue la omisión de la calidad de magistrado de Luis Enrique Osuna Sánchez, quien en abril de 2025 finalizó el periodo para el que fue designado por Enrique Peña Nieto”.
Sentencias falsas
La Jornada ha tenido acceso a la lista de las “sentencias falsas”, la documentación que acredita las irregularidades y los expedientes judiciales de las denuncias presentadas por el magistrado.
Se incluye el caso 3227/24-07-03-6 del expediente 3227/24-0703-6, página 34, firmada en calidad de magistrados por De la Garza Báez y Osuna Sánchez. “La sentencia falsa declara la nulidad lisa y llana para el cobro del impuesto sobre la renta por 27 millones 172 mil pesos y 2 millones 263 mil. La sentencia es falsa porque no se celebró la sesión de la sala regional; nunca estuvimos reunidos tres magistrados…Nunca me negué a firmar porque nunca estuve presente, por lo que es totalmente falso de lo que da fe el secretario de acuerdos Jesús Edmundo Félix Bojórquez”.
Comenta que los impuestos que no se cobraron por medio de esta sentencia falsa son federales, de ahí que la competencia corresponde a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, por lo cual en el juicio 3577/23-07-03-8-OT se presentó escrito solicitando aplicar el precedente del juicio con la sentencia falsa 3227/24-07-03-6.
Ante las irregularidades procesales, León Caraveo hizo las observaciones a los proyectos de sentencia mediante oficio, por lo cual las sentencias emitidas en esas fechas no las firmó, ya que, argumenta, nunca hubo sesiones, ni convocatorias de sesiones, ni regularizaron la ilegalidad de los proyectos.
La lista de los expedientes señalados por irregularidades ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyen a empresas y particulares, como ED&F MAN Liquid Products, Pare de Occidente, Jesús Arteaga Cisneros, Ricardo García Cerón, Jesús Rodríguez Morán, IITS Llantas, Juan Gordillo Hernández, Salvador Sánchez Acosta, Lans Vallarta, Olimpia Pascual Enerle, María Luisa Pandeli Magaña, Aseguradora Aserta, Gil y Gil Agentes Aduanales, María Esther Sánchez Vázquez y Pedro Alfredo Bejarano Pizano.
Además, Alfredo Ávalos Rodríguez, Rocío Adriana Hernández de Santiago, Jorge de Jesús Zermeño Navarro, Víctor Reyes Genis, Gilberto Anguiano Íñiguez, Alejandro Jesús Rodríguez Jiménez, Materiales para Construcción Monroy, NPS Servicios para tu Empresa y Distribuidora Málaga, entre otros.
En la lista relacionada con las sentencias sobre los expedientes irregulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado, están CNR Industries de México, GLC Desarrollos Urbanísticos, Isadi, Wetega, Distribuidora Málaga, Bajo Cero del Pacífico, RG Estructuras de Acero, GLC Desarrollos Urbanísticos, Gil y Gil Agentes Aduanales y Víctor Manuel Pérez Muro, entre otros.
Cada una de las irregularidades fueron denunciadas por el magistrado a los integrantes de la sala superior y la junta de gobierno. También por conducto de Guillermo Valls Esponda, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y en su calidad de presidente del TFJA, de quien dice: “él es uno de los probables responsables de encubrimiento y coalición de servidores públicos.
“Dicha red de falsificación afectó directamente los intereses de la hacienda pública federal, del SAT, IMSS y del Issste, haciendo constar falsamente en los expedientes la leyenda: (León Caraveo) ‘se negó a firmar’ y simulando sesiones plenarias presenciales que jamás se realizaron”.
Represalias y amenazas
Las irregularidades fueron denunciadas por León Caraveo al nuevo presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, quien prometió actuar, pero no hizo nada: “Los actos de corrupción son evidentes: desde las sesiones que no existen, hasta la carga de información en el sistema que no existe, no hay curriculums actualizados. El TFJA es el único tribunal del país que no está sometido a un monitoreo por parte del Inegi. No se cumple con el principio de justicia abierta. No están las sesiones públicas de cada sala en versión estenográfica, ni la lista de asuntos previos ni posteriores a las sesiones. Todo eso es una vulneración al derecho de los ciudadanos”.
Dice que todo lo que denunció demuestra que la institución incumple con la ley: “Existe un pacto de impunidad entre Guillermo Valls Esponda y José Ramón Amieva Gálvez. Para que ganara Amieva, seguramente Valls negoció que las cosas siguieran como están. Por eso no se ha notado el cambio”.
Peor aún, después de denunciar la falsificación de sentencias ante el presidente Amieva Gálvez, el magistrado León Caraveo fue trasladado “en represalia” a Tabasco: “El arbitrario cambio de adscripción es una sanción encubierta, el violentar mi dignidad humana y profesional está sustentado en falsedades, omisiones y difamaciones por parte de los integrantes de la junta de gobierno y administración, amenazas e intimidación de Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Guillermo Valls Esponda. Esto implica una violación a mi dignidad como juzgador”.
Explica que desde entonces hay un sistemático sabotaje a su desempeño profesional como juzgador. Y muestra las pruebas de sus dichos: “Mis denuncias demuestran una tolerada corrupción de magistrados amparados y personal operativo de la sede regional de Jalisco, que sin análisis y estudio previo sentencian, incumplen obligaciones de transparencia, simulan sesiones inexistentes y diversas acciones y omisiones en detrimento de la justicia”.
“Engañan a la Presidenta”
Ante su insistencia para que se investigara a magistrados, actuarios, personal de la oficialía de partes que manipulan y falsean actuaciones, León Caraveo fue trasladado de adscripción a Tabasco “violentamente”, entidad que, además, “no garantiza su seguridad ni la de su familia”.
En represalia, el pasado 28 de septiembre le fue retirada de manera intempestiva su escolta, por orden del fiscal especial de Control Regional, David Boone de la Garza, vinculado al PRI, a Humberto Moreira y a Raúl Cervantes Ahumada.
León Caraveo ha presentado dos denuncias penales ante la FGR y muestra una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quien, asegura, ya le entregó el expediente y las pruebas de las irregularidades en el TFJA: “El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una farsa”.
Suspira al recordar a su padre, Eligio León Traconis, también magistrado administrativo y a quien dice honrar con su legado de honestidad. Sus denuncias han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y afirma que seguirá luchando por la justicia y la decencia de los integrantes del Poder Judicial para lograr su renovación: “Yo llegué con la ilusión de honrar a Andrés Manuel López Obrador y a mi papá en las sesiones. Imaginé que en el tribunal había gente preparada, honesta y me encontré ignorantes, corruptos, mentirosos y manipuladores”.
Su experiencia la ha plasmado en su nuevo libro “TFJA: Reflexiones para la reforma. De la opacidad a la justicia abierta”. Ha denunciado también el acoso sexual que sufren sus compañeras, y dice que va a seguir luchando por la justicia, al tiempo que reivindica su espíritu católico ante la andanada de amenazas y peligros a los que se enfrenta por sus denuncias.
“Rezo cuatro rosarios al día. La meditación y la oración me ayudan a sobrellevar esta situación que me ha generado mucho estrés. Insisto: el problema de la justicia en México no es de leyes, es de condición humana. Urge que se revise este tribunal, están engañando a la presidenta Claudia Sheinbaum.”
Sanjuana Martínez
Fuente: La Jornada