En las acusaciones al gobierno mexicano de ser –supuestamente– el principal productor y exportador de fentanilo hacia Estados Unidos, tenemos una muestra más del atraso político y diplomático de quienes integran el Congreso de ese país.
A través de los años, tanto el Partido Demócrata como el Republicano no han modificado la aplicación de la política exterior. Las diferencias entre uno y otro son mínimas, casi nulas, a la hora de amenazar a cualquier país, especialmente de América, que no se someta a sus condiciones económicas o políticas.
No es el único país represor ni hegemonista; sin embargo, y bajo un criterio mayoritario internacional, sí el que más ha castigado a sus vecinos lejanos, cercanos, e incluso a sus aliados. El criterio de que aunque exista la división dentro de Estados Unidos la política exterior fue –y sigue siendo– única es ilógico, pero le ha funcionado.
En pleno siglo XXI, con diversos señalamientos que repudian el historial de amenazas, hostigamiento y agresiones bélicas contundentes, el país de George Washington, Abraham Lincoln y otros líderes de las libertades y los derechos civiles se apega a la cómoda postura (para ese tipo de democracia) de que “más vale garrote en mano que gastar dinero en promover golpes de Estado”.
La herencia del presidente Roosevelt ha generado un sinnúmero de conflictos políticos y el desarrollo de una súper industria armamentista, aun en épocas de paz, a los que no se les ve fin.
Y para mantener dicha industria, que genera miles de millones de dólares al año, la ley del garrote se renueva, se adapta y se sigue vendiendo como medida geopolítica. Pese a los conflictos diplomáticos y de otro tipo que esa política produce, es defendida por engañabobos internacionales, aliados de Estados Unidos.
La sobreproducción de armamento de todo tipo, y para todo tipo de clientes, mantiene al límite la política exterior de ese país. Los falsos testimonios, apoyados por una gran estrategia de difusión masiva, son utilizados para culpar, sin importarles la aparente ignorancia acerca del esfuerzo que cada país esté realizando para detener la crisis de salud debido a las adicciones.
Ahora es el turno para México: cuando más se ha demostrado la movilización para detener el tráfico de fentanilo, más reclamaciones y difamaciones ha recibido el gobierno del presidente López Obrador.
Las amenazas de Lindsey Graham, senador por el Partido Demócrata, cuyo propósito son crear leyes para invadir el país como respuesta ante la indiferencia y negativa del gobierno mexicano, no es otra cosa que la búsqueda de oportunidad para entrar a México, generar un enorme conflicto político y quedarse en el territorio para llevar a cabo su plan expansionista, hegemonista, extractivista y anticorrientes políticas de izquierda.
Si la razón fuera cuidar la salud de más de 258.3 millones de jóvenes mayores de 18 años, según el censo de 2022, las autoridades sanitarias –tan estrictas, como dicen ser– ya tendrían desde hace tiempo los programas preventivos necesarios. Recursos monetarios los tienen, lo cual ha quedado demostrado por la cantidad de armamento de última generación que producen anualmente.
Pero es evidente que alguien con el poder suficiente hace todo lo contrario. Lejos de neutralizar a las bandas de narcotraficantes y menudistas, se coluden con los altos productores y toleran la venta en las calles, en las escuelas, en centros culturales, deportivos y otras áreas de acción.
La sustancia intoxicante llega intacta hasta las manos de quienes serán sus víctimas: la clientela de jóvenes, niños y adultos. El cuidado de la salud y sus vidas producen millones de dólares para esta otra industria de la destrucción.
Marcelo Ebrard, canciller mexicano, informará a la dirigencia republicana, especialmente al senador Graham, acerca de las acciones que se han llevado a cabo en contra de la fabricación de pastillas con alto contenido de fentanilo ilegal introducido a México de forma clandestina.
La solicitud de apoyo por parte del presidente López Obrador a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, para revisar el control de la distribución legal de este medicamento analgésico ha sido enviada a través de una carta directamente a su embajada en México.
La respuesta ha sido rápida y favorable, pues entre ambas naciones existe el respeto a la soberanía, y en diversas ocasiones se han manifestado los vínculos culturales que han favorecido y profundizado la relación, pues desde el primer arribo de la nave conocida como Nao de China las relaciones no se han suspendido.
Es importante destacar que con China, a partir del comienzo de las relaciones diplomáticas bilaterales, han existido convenios en diversos rubros. En el caso de la prevención de las adicciones, existe un acuerdo desde 1977 para colaborar en la lucha contra el tráfico ilícito y la prevención del uso y abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como sobre el control de precursores químicos.
Frente a la acusación del senador Graham, el presidente López Obrador declaró: “Lo que debe quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo”.
Parte de la pronta respuesta de Mao Ning, portavoz de la cancillería, fue que China “no ha sido notificada por México sobre ninguna incautación de fentanilo” que haya sido enviada desde su nación.
Twitter: @AntonioGershens
Antonio Gershenson
Fuente: La Jornada