ÁLVARO ARAGÓN AYALA
Cargando con el estigma de la corrupción y con el haber “regalado” colchones podridos a las familias damnificadas por la tormenta 19-E que azotó el 20 de septiembre del 2018 a Sinaloa, no son del todo honorables las cartas credenciales que el gobernador Quirino Ordaz Coppel presenta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que destine recursos en auxilio a la población que cayó en desgracia por el paso de los remanentes del huracán “Nora”.
Tras el paso de “Nora”, Quirino Ordaz solicitó una declaratoria de emergencia a la Dirección Nacional de Protección Civil por los daños que dejó el fenómeno natural en diversos municipios de la entidad. La pretensión del mandatario estatal es que el gobierno federal envíe recursos para atender a las familias damnificadas y para reparar los daños a la infraestructura carretera.
Hasta el momento se han detectado poco más de cuatro mil doscientos hogares afectados en los municipios de Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. En estos municipios muchas familias se han quedado sin sus pertenencias debido a las inundaciones. En algunas zonas cayeron los 400 milímetros de agua.
José Refugio Ávila Muro, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó la destrucción del puente que cruza el Río Quelite en la carretera México, Nogales, inundaciones y la creciente de arroyos, que incluso afectaron otras vialidades en Mazatlán y Culiacán.
Francisco Vega Meza, director de Protección Civil de Sinaloa señaló que al solicitar la declaratoria de emergencia podrán ser otorgados a las familias afectadas cobijas, despensas, kits de limpieza y otros productos necesarios.
En septiembre del 2018, después del paso de la tormenta tropical 19-E, Quirino Ordaz autorizó, compró y distribuyó colchones podridos generando el repudio social en su contra y un escándalo internacional. El gobernador operó días y meses después en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia (Fiscalía Anticorrupción), para que este caso de alta corrupción no alcanzara a ningún funcionario estatal de primer nivel, incluyéndolo a él.
Los colchones podridos fueron adquiridos por el gobierno estatal a 11 millones 135 mil 99 pesos con 60 centavos, y donados en el municipio de Culiacán los días últimos de septiembre a familias que se habían quedado sin camas por las inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias. Los malolientes colchones fueron entregados por la Secretaría de Desarrollo Social.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas accionó para “limpiar” y salvar de cualquier indagatoria a Quirino Ordaz Coppel, tanto que en la revisión de la cuenta pública 2018 de Quirino Ordaz la Comisión de Fiscalización del Congreso Local detectó que la Auditoría Superior del Estado no determinó responsabilidad específica a ningún funcionario de la SEDESOL estatal, pero si acreditó que en la venta de los colchones entregados participaron el particular Francisco Benjamín Landgrave Buelna, con mil 200 unidades y la empresa El Mariachi, dedicada a las actividades agropecuarias, con mil unidades más y que, provocados por esa acción a todas luces irregular, resultó detenido por la Fiscalía General el coordinador administrativo de la SEDESO, Carlos Baltazar Castro Olivas y el titular de la dependencia, Carrillo Castaños, el cual fue destituido del cargo.
En el proceso de revisión de la cuenta pública quirinista, la Comisión de Fiscalización del Congreso Local determinó que “resulta inconsistente dicha actuación al acompañarse del pliego de observaciones por los 11 millones 568 mil 649 pesos con 60 centavos generados por el total de colchones adquiridos, parte de los cuales, de manera reconocida a una empresa agrícola y al mismo tiempo emitir una acción de Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la Secretaría de Transparencia inicie una investigación interna, en un contexto en que muestra incapacidad parta detectar a los responsables formales en la compra y distribución de los artículos en mal estado y que produjo la detención de un servidor público y la destitución de otro, cuyos hechos son ignorados en el informe correspondiente”.
En noviembre del 2020, la Fiscalía Anticorrupción, con anuencia del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, intentó retirar la acusación por peculado al presunto responsable de comprar los colchones podridos. El Juez rechazó la solicitud debido a que el Ministerio Público no obtuvo la autorización del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo. Durante dos años la Fiscalía Anticorrupción sostuvo la acusación contra el ex coordinador Administrativo de SEDESOL, Carlos Castro Olivas, por dos delitos y pedía 14 años de cárcel.
Al iniciar el juicio, la Fiscalía pretendió que al acusado de comprar los colchones podridos que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19-E, solo lo juzgaran por el delito de negociaciones ilícitas, el que tiene la pena menor. Por peculado, el delito que el Ministerio Público quiso retirar, piden una condena de 10 años de prisión, por el de negociaciones ilícitas pide cuatro años de cárcel. Al iniciar el juicio oral, el Fiscal dijo al Juez que reclasificaría el delito y seguiría el juicio solo por negociaciones ilícitas.
El caso de los colchones podridos no es el único caso de corrupción en el que se ha visto envuelto el gobierno de Quirino Ordaz Coppel sin que se le haya imputado algún delito. Para cubrir sus tropelías cuenta con el control de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia.
Logró que prevaleciera la impunidad en los casos de los expedientes de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas en el sexenio de Mario López Valdez y opera para que “no llegue a ningún tribunal” la fraudulenta compra del edificio de Homex, la construcción del estadio de futbol Kraken en Mazatlán que regaló a un particular y el uso, como si se trataran de bienes familiares o privados, de las aeronaves del gobierno del estado y
En las revisiones de las cuentas públicas de Quirino Ordaz Coppel ya salió a la luz el uso de 2 mil 809 millones de pesos en créditos de corto plazo, la oscuridad en el destino de 8 mil 300 millones de pesos en ingresos excedentes, 4 mil 200 millones de pesos en obras sin expediente y el uso de mil 500 millones de inversión pública en beneficio directo de cuatro particulares concesionarios de bienes públicos, y el desvío de mil 600 millones de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones, la desaparición de un fondo de ahorro de los trabajadores por mil 060 millones de pesos, la falta de entrega de 113 millones de aportaciones patronales de vivienda al ISSSTESIN y el regalo de 42.5 millones de pesos a una institución de asistencia privada de los Mochis que en el sexenio de Mario López Valdez se habían entregado en calidad de préstamo.
Con estas cartas credenciales y una serie de fotos frívolas y otras en donde se dice muy enamorado, sentimiento que contrasta con miles de familias que han caído en desgracia por las inundaciones de “Nora”, por la pandemia, el flagelo de la violencia y el crimen que tiñe de sangre Sinaloa y el “gracioso apoyo” a los damnificados de la presa Santa María y un segmento de desplazados a los que se les quiere entregar casas sin agua, drenaje ni luz, Quirino Ordaz le pide apoyo al presidente Andrés López Obrador para que destine recursos para los damnificados y para rescatar la infraestructura carretera de Sinaloa.
La pregunta es ¿Correrá el riesgo el gobierno de Andrés López Obrador de entregarle recursos adicionales a Quirino Ordaz por el pretexto de “Nora” a sabiendas de sus sonados casos de corrupción?