La respuesta que dio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar a las fuerzas armadas y a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación a la montaña baja de Guerrero es “un show mediático” que no resuelve de fondo el problema, aseguraron integrantes de más de 20 colectivos agrupados en la Misión Civil de Observación-Sexta, quienes documentan violencia y agresiones contra comunidades indígenas.
Durante un mitin que se llevó a cabo esta tarde frente a la Secretaría de Gobernación sobre la avenida Bucareli, los miembros de estos colectivos y de otras organizaciones que se sumaron al reclamo manifestaron que la acción impulsada por el gobierno federal “es una mentira”, porque dicen que las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno saben que desde hace más de una década los grupos criminales se quieren adueñar de todas las tierras.
“Hay ataques y violencia; el Estado manda a policías, se toman la foto y se van. Nosotros tenemos clarísimo que después de hoy van a volver a darse los ataques y que entonces lo que diga Sheinbaum en su mañanera de que ya resolvieron, es una mentira”, advirtieron.
A pesar de la pertinaz lluvia que se registró desde antes de las 4 de la tarde y que retrasó hora y media el mitin, los asistentes denunciaron que la violencia que se ha vivido a partir del 6 de mayo en la montaña baja de Guerrero es solamente un ataque más de “Los Ardillos” como otros que ya han vivido los miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Al demandar que el gobierno federal ataque el problema de raíz, señalaron que estas comunidades indígenas han vivido una política de muerte que ejerce el narcotráfico en la región.
De acuerdo con sus cifras, ya suman 81 personas de las 24 comunidades del CIPOG-EZ asesinadas y más de 25 desapariciones en la Montaña Baja.
“Esto también lo sabe el gobierno. Por eso simulaba que le brindaba medidas de seguridad, protección a defensores de derechos humanos, al compañero promotor del CIPOG-EZ, Jesús Plácido, y a otros promotores, pero en febrero le retiraron las medidas de protección”, denunciaron.
Entre sus reclamos, expresaron que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señala que es un conflicto entre grupos criminales, como si fuera novela policiaca, lo cual es falso, porque no son 96 desplazados, sino más de 2 mil 200 personas desplazadas de sus comunidades en la montaña baja.
“Los criminales no sólo son los Ardillos, sino toda la estructura criminal que va desde las presidencias municipales hasta los policías estatales municipales y no dudamos que llega hasta las autoridades generales, porque no puede ser que estén viendo la muerte, que estén viendo la guerra, y que digan que no está pasando nada”, reprocharon frente a la dependencia federal.
Por tanto, concluyeron que mientras no se desarticule la estructura criminal que va desde la gobernadora Evelyn Salvado hasta los gobiernos municipales, no habrá solución.
Lilian Hernández y Jessica Xantomila
Fuente: La Jornada