Alvaro Aragón Ayala
El alcalde de Mazatlán, Guillermo -El Químico- Benítez Torres, pagará a una empresa para que esa empresa pague los salarios a empleados no sindicalizados del ayuntamiento y concretizó así el “despido disfrazado” de 700 trabajadores. El personal recortado ya no tiene derecho a obtener una plaza-base porque ya no trabaja para la comuna, sino para una empresa outsourcing que los subcontratará bajo la modalidad de los “contrato basura”.
El negocio privado al que le pagará el presidente municipal para que cubra los sueldos de los trabajadores a los que llama “eventuales” o “temporales” es propiedad de los hermanos Erick y Juan José Arellano Hernández, quienes están bajo investigación del Sistema de Administración Tributario -ASE- y de la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF-.
La compañía outsourcing es identificada por la UIF como Administradora y Negocios Tres Islas S.A.P.I. de C.V., la cual fue protocolizada por Manuel Magallón Osuna, Notario Público de cabecera de los hermanos Arellano, propietarios de una “cadena de negocios” rastreados por las autoridades federales por el cruce de ingresos-depósitos de cantidades exorbitantes de dinero que mueven, de ida y vuelta, en diferentes cuentas bancarias.
Tres Islas S.A.P.I. es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. La Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la SHyCP/SAT, la requirió o notificó en septiembre del 2020 por violaciones a las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Manuel Magallanes Osuna, el Notario Público que acreditó las escrituraciones de las empresas de los hermanos Arellano Hernández y que “certificó” la legalidad de outsourcing Tres Islas S.A.P.I. de C.V, está también bajo la lupa de la UIF y el SAT, el cual le aplicó una multa en abril del 2021 de 10 millones de pesos por ocultar información, sobre montos de compra-venta de propiedades, actas de asambleas, etc., de los negocios del Grupo Arellano.
El fedatario de Mazatlán se vio involucrado, junto con su par, Juan Agustín Tames Híjar, al que ya muerto se le imitó su firma y el notario público de Jalisco, Sergio Alejandro López Rivera, en la “estafa en Playa Brujas” en perjuicio de la empresa Inmobiliaria y Fraccionadora Mazara, S. A. de C.V., a la que se le intentó despojar, con la falsificación de escrituras, de terrenos urbanos ubicados en Calzada Sábalo Cerritos, cuyo valor supera los 20 millones de dólares.
Erick y Juan José Arellano Hernández, dueños de la empresa outsourcing a la que “El Químico” Benítez Torres le pagará para que esa empresa a su vez pague a 700 trabajadores “eventuales” o “temporales”, le ganaron al ayuntamiento de Mazatlán, con una serie de artimañas legaloides solapadas por varios alcaldes, un juicio por impedir la construcción de una gasolinera en una zona de alto riesgo para la población. Un juez tracalero obligó a la comuna a pagarles 141 millones de pesos.
Por los antecedentes de la Administradora y Negocios Tres Islas S.A.P.I. de C.V que obran en poder de la SHyCP/SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, el alcalde Guillermo -El Químico- Benítez, atentó contra los derechos laborales de los trabajadores a los que corrió a todos de manera masiva, eximiéndose de toda responsabilidad. La empresa de los Arellano operará la subcontratación de los empleados del ayuntamiento eludiendo el pago de liquidaciones por despido.
Las empresas outsoursing son especialistas en engañar a los trabajadores con “contratos basura”. Este tipo de compañías genera incertidumbre y desamparo laboral ya que los trabajadores no saben a quién dirigirse en cuestión de prestaciones o en responsabilidad en casos enfermedad, accidente de trabajo, abuso laboral, siniestro, etc.