Alvaro Aragón Ayala
Al funcionar como la “cosa nostra”, los diputados del Congreso del Estado violaron el principio de máxima publicidad cerrando y negando, en bloque, el acceso a la sociedad y a los periodistas de información de alto interés público suscrita en las dos peticiones de juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.
El presidente municipal fue sometido, en una primera instancia, al “escrutinio” unilateral-legislativo en torno a dos demandas políticas, proceso que adquirió perfiles sospechosos al “reservarse” información como si tratara de un “asunto de Estado” o de “seguridad nacional”.
Las solicitudes de juicios políticos son de interés público dada la naturaleza del cargo del presidente municipal, el nivel de las exigencias políticas, legislativas y jurídicas de los colectivos sociales y porque el Congreso Local es la concreción del sistema democrático mediante la representación popular.
En las sociedades democráticas modernas es sagrado el derecho a saber, a estar informado acerca del quehacer de los diputados. El Congreso Local se elevó en la antítesis de un Estado Democrático al ocultar, negar, retener y dificultar el acceso a la información pública en el “caso Estrada Ferreiro”.
El derecho a la información está establecido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los estados están obligados a garantizar su ejercicio.
Actuando al ras de la “cosa nostra” y con base a un “acuerdo”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, obstaculizó el acceso a los medios de comunicación a la sesión de interés público en el que se abordó la procedencia o no de las dos peticiones de juicio político contra Estrada Ferreiro.
Además, exigió a los diputados dejar afuera del recinto legislativo los teléfonos celulares. El acuerdo/orden fue no hablar sobre el tema, no filtrar información en relación a lo tratado o a los dictámenes de la reunión parlamentaria.
El Poder Legislativo le dio un trato de “criminal peligroso” al alcalde de Culiacán y le otorgó nivel de “carpeta de investigación reservada” a las dos peticiones de juicio político. El Congreso actuó como una especie de Tribunal de la Inquisición.
La consigna fue no proporcionar ningún detalle sobre el “caso Estrada Ferreiro” como si fuera un asunto que pudiera comprometer la seguridad estatal o nacional, la seguridad pública o que pone en riesgo el buen orden en de la secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o la Guardia Nacional.
Es una obligación constitucional de los diputados del Congreso Local abrirse a la inspección pública, explicar y justificar sus actos. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, son los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los legisladores cumplan con honestidad y eficiencia sus responsabilidades. Es cuanto.