La organización México Unido contra la Delincuencia advirtió que el proceso de militarización llevado a cabo desde 2006 con el presidente Felipe Calderón y profundizado en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, se ha convertido en un negocio para los militares.
La organización México Unido contra la Delincuencia advirtió que el proceso de militarización llevado a cabo desde 2006 con el presidente Felipe Calderón y profundizado en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, se ha convertido en un negocio para los militares.
A través de un informe, la organización social sostiene que en los últimos años, existe un aumento de recursos a cargo de los militares a través de distintos mecanismos, como las adjudicaciones directas, las invitaciones restringidas, las transferencias de funciones civiles, los fideicomisos públicos y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información, contando con la complicidad del poder Ejecutivo al ser el responsable de autorizar una mayoría.
Principalmente se identificó que las 227 funciones civiles que se han transferido a las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años equivalen a aproximadamente 74,000 millones de pesos.
El documento “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.
Entre los hallazgos se identificó que de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena han crecido en un 163%, pasando al quinto lugar en presupuesto, por encima de Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Hacienda y Medio Ambiente.
Se afirmó que la Sedena sobreejerció 24,300 millones de pesos en 2020 y 25,386 millones de pesos en 2021, un 26 y 23% más de lo aprobado, respectivamente, lo que equivale a aproximadamente todo el presupuesto de la Secretaría del Trabajo en esos años.
En tanto, la Marina sobreejerció 7,758 millones de pesos en 2017 y 6,779 millones de pesos en 2021, 26 y 20% más de lo aprobado, en esos años. Cada cifra equivale a 900,000 becas Benito Juárez, se ejemplificó.
Transferencia de labores
El informe refirió que el gobierno federal ha transferido 29 tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas (65,876 millones de pesos), mientras que los estatales y municipales 49 (663 millones de pesos).
El total equivale a más de seis veces el presupuesto pagado en servicios de guardería del Seguro Social en 2021.
Por otro lado, se halló que la Dirección General de Administración (DGA) del Ejército ha tenido un presupuesto aprobado menor a 8,000 millones de pesos hasta 2021.
No obstante, ejerció 22,741 millones de pesos en 2019, 26,476 millones de pesos en 2020 y 48,741 millones de pesos en 2021, acumulando 76,079 millones de pesos gastados sin aprobar. La mayoría se destinó a la partida específica de aportaciones a fideicomisos públicos.
La organización expresó que estimar con precisión a cuánto asciende el negocio de la militarización requeriría de una lista exhaustiva del mismo. Sin embargo, se puede calcular un mínimo.
Conforme a este reporte, se sabe que por estos medios se han destinado o se van a destinar, al menos 128,576 millones de pesos para bienes propios del Ejército; 114,576 millones de pesos del AIFA y 14,000 millones de pesos del Aeropuerto de Tulum.
La Marina obtuvo un incremento anual de sus ingresos de aproximadamente 4,000 millones de pesos a través de nuevos derechos, productos y aprovechamientos a su cargo.
Por otro lado, los elementos castrenses también reciben compensaciones mensuales, de distintos montos según su grado, por realizar funciones que solían corresponderles a civiles.
Ejemplos de ello son la “Compensación por Servicios Institucionales de la Guardia Nacional” que reciben los elementos castrenses que laboran en dicho cuerpo y los estímulos mensuales de los miembros de la Marina por apoyar en las tareas de seguridad pública en Veracruz, los cuales llegan a superar los 20,000 pesos mensuales en el caso de almirantes.
Se dijo también que en dicho periodo, mientras los recursos a cargo del Ejército han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública— han disminuido o desaparecido.
Maritza Pérez
Fuente: El Economista