Alertan sobre la amenaza que sería esta actividad para la vida en los océanos; México busca detenerla, mientras no haya evidencia científica.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) inauguró en Jamaica una conferencia de dos semanas, para que los países debatan el diseño y la implementación de regulaciones para la minería en aguas profundas, a pesar de la creciente oposición de científicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Estudios recientes demuestran que el fondo del mar es un tesoro de biodiversidad y sirve como un sumidero de carbono de importancia crítica ante la emergencia climática.
Según los reportes, la minería submarina tiene el potencial de dañar importantes pesquerías como la de atún, y en contraste, las acciones para proteger los océanos generan mayores ganancias para las comunidades pesqueras.
El doctor Enric Sala, explorador residente de National Geographic y fundador de Mares Prístinos (Pristine Seas), alertó que la minería submarina es una amenaza para la frágil y desconocida vida en las profundidades de los océanos.
Tenemos mucho más que aprender antes de abrir la caja de Pandora. Las empresas y los países no deben apresurarse a explotar las profundidades del mar hasta que sepamos lo suficiente sobre el impacto de las operaciones mineras en el medio ambiente marino y el clima. En este momento, no parece inteligente destruir en minutos ecosistemas que han tardado milenios en crecer”, advirtió.
CASO MÉXICO
La Alianza Oceánica Sostenible México, conformada por Naturalia, Greenpeace, Beta Diversidad, Mares de México, Alianza Salvemos a la Laguna y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lanzó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que sean responsables con los compromisos adquiridos a nivel internacional y mantengan un papel a favor de la conservación de los océanos y contra la minería submarina.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, un organismo de la ONU fundado en 1994, con sede en Kingston, Jamaica, es responsable de regular la minería en áreas de fondos marinos internacionales fuera de la jurisdicción nacional (es decir, de la Zona Económica Exclusiva, ZEE).
El gobierno de México firmó el Tratado Global de los Océanos, e históricamente ha mostrado una postura y compromiso con la protección de los océanos. Al tener el rol de Presidencia del Consejo en la 28° Sesión de la ISA, es necesario que mantenga y refuerce su credibilidad hacia la protección de los océanos impidiendo el inicio de la minería submarina”, advirtió Ruth Ramos, campañista de Greenpeace México.
Sandra Moguel, abogada de AIDA, indicó que la posición de México debe ser congruente con el Derecho Internacional, aplicar los principios precautorios y preventivos, y detener la actividad, en tanto no se cuente con la evidencia científica de que no impactará a la flora y fauna marina.
En tanto, Daniel Cáceres, representante regional para Hispanoamérica de la Alianza Oceánica Sostenible, sentenció que no se pueden establecer regulaciones, cuando ni siquiera se tiene información para redactar las bases de ellas.
Hemos visto lo inaccesible que pueden ser los fondos marinos, con el accidente del sumergible Titán; sólo seis submarinos pueden llegar a esa profundidad y uno de ellos sufrió un trágico accidente.
Los fondos marinos son difíciles de estudiar debido a su profundidad. Necesitamos que México se sume al pedido de pausa precautoria”, manifestó.
La Alianza Oceánica Sostenible agregó que la minería en aguas profundas es una de las cinco grandes amenazas que actualmente enfrentan los océanos, actividad extractiva que todavía no inicia.
El mundo está aún a tiempo de detenerla, por lo que es urgente que México demuestre su compromiso con la protección de los océanos y tome una postura”, en la reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que se realiza del 10 al 28 de julio en Kingston, Jamaica.
DON DIEGO
Desde 2015, Excélsior ha dado seguimiento al proyecto de minería submarina Don Diego, el primero en México, y que se prevé instalar en aguas del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, para el dragado de fosfato, una especie de chapopote, que es una codiciada materia prima para fabricar fertilizantes.
La iniciativa impulsada por Odyssey Marine Exploration, dedicada al rescate de tesoros en el fondo marino con sede en Tampa, Florida, se encuentra en su tercer round con el gobierno de México, ya que en dos ocasiones, la Semarnat le negó la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera en abril de 2016, y la segunda, en octubre de 2018.
El principal argumento para no autorizar el proyecto Don Diego fue la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, a especies marinas protegidas como las ballenas y tortugas, e impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón, lenguado, curvina, mero y garropa.
Uno de los argumentos en contra de la minería submarina son los daños a especies como la langosta.
No conforme con la doble negativa, la firma estadunidense acudió a un arbitraje internacional argumentando un trato discriminatorio para exigir a México el pago de una indemnización de alrededor de tres mil 500 millones de dólares, casi dos veces el presupuesto anual de toda la Semarnat y sus órganos desconcentrados.
La audiencia final estaba programada entre el 24 y 28 de enero de 2023, pero se pospuso y no hay fecha para conocer la resolución; se estima que el fallo sea a finales de 2023.
Odyssey Marine Exploration presentó un recurso de nulidad contra la Semarnat ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para intentar una vez más el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental rechazada en dos ocasiones.
Se prevé que el litigio se extienda por un año debido a retrasos porque el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas salió del Tribunal.
CONCESIÓN
De acuerdo con datos de la Ley de Acceso a la Información, entre 2009 y 2016, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Economía, otorgó 14 concesiones para minería submarina en Oaxaca (1), Chiapas (8) y Baja California Sur (5), para un total de 722 mil hectáreas, alrededor de tres veces la superficie de Chihuahua.
El primer Título de Concesión con el número 234400 se autorizó el 26 de junio de 2009, en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en el lote Poquifoki a Reyna Mining and Engineering S.A. de C.V., empresa de consultoría en ingeniería y geología. Posteriormente, entregó el Título 236987, el 10 de agosto de 2010, en el lote Fospac, en Comondú, Baja California Sur, a Fosforitas del Pacífico S.A. de C.V.
En 2011, se otorgaron ocho títulos de concesión en Chiapas, en Pijijiapan, Tapachula, Acapetahua y Mazatán, en los lotes Angelina y Hierro Reina, siete de ellos a nombre del particular Jorge Jiménez Arana, quien, de acuerdo con notas periodísticas, es representante legal de la minera Blackfire Exploration México. En 2012, Corporación Fosfórica Mexicana S.A. de C.V. obtuvo el Título de Concesión 239628, en Comondú, Baja California Sur, en el lote Phosmex Red.
Los tres títulos de concesión más recientes fueron entregados el 30 de abril de 2014 (2) y el 16 de febrero de 2016 (1), a Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadunidense Odyssey Marine Exploration, con números 242994, 242995 y 244813, en Comondú, Baja California Sur.
Ernesto Méndez
Fuente: Excelsior