Marcial Pompa Guillen.
Las Asociaciones de Usuarios de Riego de Sinaloa deben modificar sus estatutos para agarrar oxígeno en sus operaciones ya que son fábricas de enriquecimiento económico y desmantelamiento de los sistemas de riego y distribución de agua a través del uso de maquinaria privada, cuya renta desangra la economía de los módulos y la Red Mayor mediante compromisos leoninos con empresarios particulares y representantes de estos organismos que cada ciclo se declaran insolventes para agotar sus finanzas y aumentar las cuotas de agua.
Como si se tratara de una olimpiada de las quiebras financieras, los 52 módulos de riego y las siete redes mayores que operan y administra el mercado del agua de las once presas que alimentan al millón 350 mil hectáreas con vocación de riego en Sinaloa tienen dirigentes que han encubierto los malos manejos de sus antecesores con el compromiso de que sus sucesores tampoco los investigarán si detectan hoyos negros en las finanzas.
Se trata de abrigarse con el ropaje de la impunidad si se pierden dineros en el camino de las operaciones y el ejemplo nacional son 17 módulos de riego del estado de Sinaloa que han eslabonado manejos sucios en sus finanzas durante 25 años seguidos entre los que destaca el Sevelbampo, Cahuinahua, Santa Rosa y Taxtes de los municipios de El Fuerte y Ahome, el Nhome y el 2 y 6 del municipio de Guasave el 3, 5 y 7 de Guamúchil y Angostura y el 52 por ciento de los organismos que operan en Culiacán.
Todos ellos han presentado irregularidades financieras que son usadas como banderas para la renovación de cuadros y en sus reglamentos cuentan con luz verde para que los presidentes y directivos disfruten de agua gratis para regar el hectareaje que libremente quieran hacerlo, sumándose así a los funcionarios de la red mayor así como a la Asociación de Usuarios de Riego Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa que tienen la atribución de comprar agua y cuentan con el arbitrio propio para sembrar decenas, centenas o millares de hectáreas sin pagar la cuota que se aplica por concepto de uso de agua.
Bajo el actual esquema los dirigentes de los organismos que rigen el uso, operación y administración del agua para riego no pagan la cuota de agua para más de 170 mil hectáreas cada año y perjudican el ingreso en más de mil 400 millones de pesos, lo que equivale a golpear las finanzas que pueden destinarse al mejoramiento de drenes, canales, presas y represas o destinarlos a la compra de maquinaria propia.
Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que en la teoría el salario de un presidente de los módulos de riego debe situarse en la línea de los 50 mil pesos mensuales, sin embargo, en confabulación con el aparato administrativo chupan la sangre financiera con bonos y gratificación exorbitantes que rayan hasta en 200 mil pesos cada treinta días.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto la caja de pandora de los organismos y organizaciones del campo mexicano que han sembrado riquezas particulares y pobrezas para los que hacen producir la tierra y el énfasis es que se fije una cantidad de agua para 20 hectáreas para el presidente de los módulos de riego y de la red mayor y un sueldo neto y total de 50 mil pesos mensuales y además que los mismos estatutos debieran prohibirse la asignación de dinero de los productores a la ANNUR y AURPAES ya que estos fungen como clanes empresariales integrados entre familias que se llevan más de ocho mil millones de pesos que mueve anualmente la política de administración de agua.
En la actualidad hay una lucha frontal entre la base productiva del campo en contra de sus dirigentes en los módulos de riego, red mayor y organizaciones vinculadas a estos organismos ya que tienen gerentes y dirigentes vitalicios con sueldos de sultanes como es el caso de la red mayor del municipio de El Fuerte, donde los trinquetes políticos y económicos revelan que los gerentes de los trece módulos explotan más de 600 hectáreas cada uno y controlan el uso del manejo de los dineros mediante las alquimias de la contabilidad y la falta de controles con estos desde las cumbres de la Comisión Nacional del Agua.
Las grietas aumentan por el hecho de que el 70 por ciento de dichos módulos se declaran con problemas financieros al término de cada administración y los llamados a auditorías constantes son una promesa electorera que en cada cambio de la administración se realiza, pero luego se apaga la llama cuando se hacen arreglos entre sustituidos y sucesores de los cambios de la administración de los módulos de riego y las organizaciones vinculadas a ellos.
En la reunión de los representantes de los 52 módulos de riego, red mayor de Sinaloa y organizaciones del campo con funcionarios de la Cuenca Pacífico y Comisión Nacional del Agua reconocieron la falta de maquinaria y equipo causado por malas administraciones del pasado, pero no pronosticaron mejores condiciones, pero advirtieron que el actual gobierno federal no viene operando para encubrir a los saqueadores.