Richard Lizárraga Peiro
Desde su fundación, el Partido Sinaloense busca, a través de los procesos democráticos, darle voz y posibilidad de diálogo a las y los ciudadanos y establecer un mecanismo que otorgue a la ciudadanía capacidad de participación y facultad en la toma de decisiones a nivel local, estatal y nacional. Entre uno de los instrumentos impulsados por el PAS se encuentra la consulta popular, en la figura de Revocación de Mandato.
La revocación de mandato, como mecanismo de participación directa, proviene de Suiza y data de 1862, aunque únicamente la pueden usar seis de las 26 provincias o cantones. De ahí la retomó Estados Unidos, con sus respectivas restricciones, puesto que es para uso estatal y no federal. En teoría, el ejercicio de revocación de mandato es una discusión que va de la población hacia los dirigentes, es decir, su dirección es de abajo hacia arriba.
El 25 de septiembre del año 2014, el PAS promovió una iniciativa ciudadana para Reformar los artículos 54 y 122, y para adicionar párrafos a los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de regular la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato, propuesta entregada a la Mesa Directiva del Senado de la República.
Ante una clara omisión legislativa de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, y de la Mesa Directiva del Senado de la República, el PAS llevó la agenda de la revocación de mandato y la segunda vuelta a la Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el 2018, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el escenario electoral del país cambio radicalmente. Con el control de la Cámara de Diputados y el Senado, el presidente de la República propuso una amplia consulta popular para ratificar o revocar su mandato, para lo cual, en el 2019, se modificó la Constitución, reforma que dio lugar al nacimiento de la Ley Federal para la Revocación de Mandato, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021.
El 10 de abril, fecha en la que está programada la primera consulta para la revocación de mandato, México se convertirá en el tercer país de la región en consultar a la ciudadanía sobre la remoción anticipada del titular del Ejecutivo Federal, en lo que va de este siglo. Los otros países son Venezuela (2004) y Bolivia (2008).
La gran mayoría de los países de América Latina no reconocen en sus legislaciones esta figura para remover al presidente. La consulta popular es un instrumento extraordinario para ofrecer una salida institucional “o de emergencia” a una crisis de gobierno. Ecuador también contempla esta figura, pero aún no ha recurrido a ella. En México la revocación de mandato no es una reacción a una crisis de gobierno o deslegitimación de gobierno, sino que es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el 2019, el 3 de diciembre para ser exactos, el Partido Sinaloense presentó también una iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, firmada por la entonces diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, secretario general del PAN, en aquellos días.
Un año después, el 16 de enero del 2020, la iniciativa del PAS recibió su “primera lectura” en la LXIII Legislatura. Ese mismo día, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación. El 5 de octubre del 2021, la iniciativa fue ratificada, y mandada al “congelador” por los diputados de Morena y el PRI. Sin embargo, se trata de un proyecto vigente que busca que la revocación de mandato alcance al gobernador, a los alcaldes, a los diputados locales y a otras autoridades.
Hace dos días, el diputado de Morena, César Ismael Guerrero Alarcón, informó que su fracción parlamentaria trabaja en una iniciativa para legislar en materia de revocación de mandato y democracia participativa para incluir en este mecanismo a él o la titular del Poder Ejecutivo del Estado, las 18 Presidencias municipales y los 40 diputados del Poder Legislativo de Sinaloa. El tema de revocación de mandato vuelve pues a la agenda del Congreso Local. La primera iniciativa es del PAS. Morena turnará otra al Legislativo.
La consulta de revocación de mandato del 10 de abril sentará un precedente histórico y puede convertirse en un parteaguas para una sana democracia, con una participación ciudadana más sólida, lista para utilizar las herramientas para hacer valer sus derechos político-electorales y cumplir cabalmente con el artículo 39 de nuestra Constitución, asumiendo que su participación política debe ser algo recurrente y permanente, exigiendo la rendición de cuentas a sus autoridades, y manteniéndose vigilante del ejercicio de los poderes públicos.