La Cámara de Diputados se alista para analizar una reforma constitucional con la que se busca hacer efectivo el uso de la tecnología al interior del Poder Judicial y así avanzar en materia de Justicia digital.
La Cámara de Diputados se alista para analizar una reforma constitucional con la que se busca hacer efectivo el uso de la tecnología al interior del Poder Judicial y así avanzar en materia de Justicia digital.
Este jueves, el Pleno de San Lázaro conoció para trámite de publicidad el dictamen proveniente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia digital.
Según la minuta, se tiene como objetivo el impulsar un uso más intensivo e integral de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para asegurar el acceso a la justicia.
Ello al establecer que el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las entidades y los órganos jurisdiccionales implementarán sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Asimismo, se plantea que el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas contarán con un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la emisión, modificación o adición de la legislación secundaria que haga posible la implementación y materialización de la presente reforma.
Mientras que se ordena al Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las entidades federativas y los órganos jurisdiccionales el expedir acuerdos generales para la debida observancia de lo dispuesto en el presente Decreto.
También se adecua el artículo cuarto transitorio para precisar que los tribunales de la Federación, de las entidades federativas y los órganos jurisdiccionales deberán realizar los ajustes tecnológicos necesarios para la debida observancia de lo dispuesto en el presente Decreto y para ello, podrán suscribir los acuerdos de interconexión y de tecnología necesarios una vez que entre en vigor el presente Decreto.
Finalmente se plantea ajustes al artículo quinto transitorio para evitar confusiones en la retroactividad de la ley al plantear que: Los procesos y procedimientos que se encuentren en trámite al momento en que inicien operaciones los sistemas de justicia digital, se substanciarán y resolverán de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes, observando el principio de irretroactividad de la ley.
Maritza Pérez