Sin cambios en lo referente a la revocación de mandato, esta madrugada circuló el proyecto de dictamen del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum entre los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que esta mañana están citados ya, para discutirlo y votarlo.
Se mantiene en el Artículo 35 Constitucional que el proceso de revocación de mandato se realizará en el 2027 o 2028, pero se precisa que será “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio” de la persona titular del poder ejecutivo federal. Es decir, podrá realizarse conjuntamente con la elección intermedia del 2027 y en el documento se precisa que ello permitirá “disminuir el costo de la operación y organización del proceso”, así como el agotamiento de la ciudadanía”.
Aunque las comisiones dictaminadoras propusieron una redacción alterna al párrafo de ese artículo en que establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, las instancias jurídicas de la presidencia de la república no lo aceptaron y queda en sus términos.
“Quizá uno de los aspectos más complejos del procedimiento de revocación radican que su promoción y difusión como instrumento democrático han sido prácticamente nulas. Los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre el procedimiento”, justifican.
Los únicos cambios hechos por las comisiones dictaminadoras que presiden Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza a la iniciativa presidencial en materia electoral fueron al Artículo 115, para establecer que los ayuntamientos podrán tener hasta 15 regidurías. Se eliminó el límite mínimo que era de siete, dado que en muchos estados la cantidad es menor y en lugar de ahorros y austeridad, implicaría mayor gasto público.
“Se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica, y un máximo de 15 personas regidoras por municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad de renta pública o por beneficios personales y que responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática”.
A este mismo artículo se le reintegró la palabra “conforme a la paridad de género”, que se había eliminado por una omisión en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral, con un agregado que da mayor impulso a la perspectiva de género, propuesto por la senadora de Morena, Malú Micher.
“Añadir los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, señalados de forma expresa en los artículos 35, 115, 116 y 134 se fundamenta en lo consolidado por la actual legislatura tras la reciente aprobación del Senado de la República, al dictamen por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género”.
El dictamen mantiene la disposición de que “el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá acceder del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente”. “Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad de igualdad, sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la relección”.
Igualmente la reducción de los salarios de consejeros y magistrados electorales, así como del personal del INE y de tribunales comiciales estatales, a fin de que no superen la remuneración de la presidenta la república. Se prohíbe “la adquisición o contratación con recursos públicos de seguros de gastos medios, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley”.
Asimismo, el presupuesto del Senado se disminuirá en 15 por ciento con relación al de este 2026, de forma paulatina en los próximos cuatro años.
La iniciativa de la presidenta Sheinbaum “se inspira en el uso eficiente del gasto, con un claro, compromiso sobre el cuidado de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más los necesitan, y por el otro, el fortalecimiento de la democracia directa a través de la revocación de mandato, con el objeto de que el pueblo cuente con un instrumento constitucional, que garantice que un gobernante que no procura el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional, sea revocado en su mandato de manera institucional y pacífica”, se precisa en el dictamen.
Los integrante de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos fuero convocados a reunión para hoy a las 13:30 horas, a fin de discutir el dictamen, que se prevé sea aprobado, ya que no se requiere de mayoría calificada. En la votación en el pleno si es necesario las dos terceras partes del voto de los presentes.
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Fuente: La Jornada