Alvaro Aragón Ayala
El asesinato de la jovencita Itzel, en El Fuerte, revela lo impredecible que resulta el feminicidio, la vulnerabilidad o la indefensión de las mujeres ante ataques alevosos, y coloca en la plataforma de la censura la prontitud de la capitalización del crimen para generar una imagen de incompetencia de la autoridad estatal.
Políticos de todo cuño incurren en la politiquería barata, sacándole la vuelta a politización profesional del tema de la violencia contra la mujer, lo cual es necesario para generar una agenda de prevención del delito y frenar los detonantes que provocan el asesinato de mujeres.
Es verdad que la impunidad es el nutriente que alimenta la perpetración de asesinatos de mujeres. La Fiscalía General de Justicia que dirige Sara Bruna Quiñones, camina a paso de tortuga en materia de investigación de feminicidios.
El feminicidio de Itzel indica que es imposible adivinar cuándo, en qué tiempo y lugar, qué mujer será víctima de alguna agresión homicida ni tampoco es posible predecir que individuos, por su actitud machista o sicópata, atentará contra la integridad ya sea de su pareja o de cualquier otra mujer.
Es un imperativo reorientar (artículo: Violencia en Sinaloa y la politización de la agenda de seguridad/Alvaro Aragón Ayala), yaterrizar un gran proyecto que establezca las mínimas garantías de la no repetición feminicidios.
El freno a los atentados contra las mujeres debe ser la parte del programa medular que direccione María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de la Mujer, en el cual participen diferentes instancias de gobierno e instituciones privadas y sociólogos, sicólogos, trabajadoras sociales, criminalistas, etc.
Es de pronta y obvia resolución que María Teresa Guerra Ochoa sea incorporada, como elemento fundamental, en la labor de los órganos de seguridad del estado para que trabaje con ellos en la elaboración de un proyecto seguridad de gran calado que contenga los fundamentos sociales, técnicos y criminalísticos para prevenir los delitos y frenar la ola de sadismo y crueldad que sacude el estado.
Dada la complejidad del feminicidio, ya no se trata únicamente de instalar “mesa de mujeres” para generar una agenda de lucha, sino de construir con energía e imaginación los espacios y mecanismos institucionales para abordar en toda su dimensión el cómo y con que logra frenar los asesinatos de mujeres.
Ciertamente, la etiqueta global de “violencia de género” incluye todos los “homicidios de pareja”, pero también agrega los crímenes cometidos por sicópatas casuales, los asesinos seriales, los depredadores sexuales y otros enfermos mentales. El objetivo es prevenir los crímenes y detectar y sumar indicadores de “riesgo homicida” a todo lo largo y ancho de Sinaloa.
Los expertos aseguran que en la perpetración de asesinatos contra mujeres “no hay un patrón único, la violencia de género no se puede tratar como un fenómeno homogéneo, porque es heterogéneo y multicausal; decir que todo es machismo es quedarse en la superficie, hay que averiguar qué detona esa agresividad mortal”.
Es repudiable, entonces, que el crimen de Itzel y de otras mujeres de Sinaloa sea usado nada más como “mercancía” para la práctica de la politiquería barata y para descalificar por descalificar con discursos que más que aportar a la solución del fenómeno del feminicidio, solo desconcierta y alimenta el morbo y la pérdida de confianza en las instituciones y las autoridades.