Alvaro Aragón Ayala
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobresale en una investigación histórica en Sinaloa como responsable de la desaparición, tortura o destierro de luchadores sociales, campesinos, activistas universitarios y guerrilleros durante la represión y persecución que el gobierno federal desencadenó en el noroeste del país después de la matanza del 2 de octubre de 1968.
La estrategia militar “Operación Cóndor”, coordinada por altos mandos castrenses y por Gertz Manero como alto funcionario de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), tuvo un doble propósito: combatir el narcotráfico y extinguir brotes de rebeldía social, principalmente en los estados del noroeste del país.
Después de la matanza de Tlatelolco el gobierno asesino de Gustavo Díaz Ordaz desplegó una intensa cacería contra activistas estudiantiles y grupos guerrilleros que permeaban o ganaban simpatías en sectores marginados de la población.
La persecución y los crímenes continuaron durante la administración de Luis Echeverría Álvarez. El 15 de marzo de 1973, en Guadalajara, Jalisco, las organizaciones guerrilleras se unificaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre para direccionar una lucha armada y la guerra de guerrillas contra el gobierno federal.
En 1963, Alejandro Gertz Manero ingresó a la administración pública como dictaminador en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En 1966, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Gertz Manero conoció a Pedro Ojeda Paullada, en aquel entonces director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT).
En el sexenio de Luis Echeverría, Ojeda Paullada fue designado titular de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía) y nombró a Gertz Manero Oficial Mayor y responsable “civil” de la “Operación Cóndor”.
El actual Fiscal fue el encargado de armar expedientes contra campesinos, líderes estudiantiles y guerrilleros. Fue clave en la desaparición o tortura en cárceles clandestinas de estudiantes a quienes consideraban “revoltosos” o guerrilleros.
Adela Cedillo, especialista en temas de guerra sucia y guerra contra las drogas en México, explicó que fiscal Alejandro Gertz Manero es uno de los responsables directos de la “Operación Cóndor”, que derivó en represión, tortura, asesinatos en contra de campesinos y guerrilleros durante la década de los setenta.
Por instrucciones de Echeverría, en 1975, el secretario de la Defensa, Félix Galván López, lanzó la “Operación Condor” –antes Plan Cóndor- en Chihuahua, Sinaloa y Durango, zona conocida como el «triángulo crítico”, seguido por el Plan Canador, acrónimo de cannabis y adormidera, cultivos que se buscaba erradicar en las 36 zonas militares. Gertz Manero fue nombrado coordinador nacional de la “Campaña contra el narcotráfico” de la PGR.
La “Operación Cóndor”- contó con el apoyo de la DEA y recibió recursos tecnológicos de telecomunicaciones y fotografía aérea, y helicópteros; capacitó y pagó a pilotos mexicanos para que participaran en el programa de erradicación.
La historiadora Cedillo precisó que no se trató sólo de una guerra contra las drogas, sino de una estrategia para combatir a activistas y a movimientos guerrilleros que habían tomado mucha fuerza, sobre todo en zonas como el noroeste, donde la Liga Comunista 23 de Septiembre había establecido conexión con movimientos sociales y grupos estudiantiles.
La especialista recordó además que, siendo diputado del Partido Convergencia, en 2009, Gertz Manero dijo que la Operación Cóndor “había sido un éxito”, cuando en realidad sólo provocó devastación, ruina y muerte en las comunidades de “Los Altos” y la desaparición y encarcelamiento de luchadores sociales.
Los “capos de la droga” emigraron hacia Jalisco y otras entidades, protegidas por autoridades de la Procuraduría General de la República, la Dirección Federal de Seguridad y algunos mandos del ejército.
Alejandro Gertz Manero es el responsable de la “Operación Cóndor” y coparticipe de todas las atrocidades que perpetró el Estado en el periodo de la Guerra Sucia. Con la fachada de la lucha contra las drogas se reprimió y se torturó a campesinos que se movilizaban por la tierra, a estudiantes, a militantes de organizaciones sociales y a quienes proponían la guerrilla como alternativa.
Fueron devastados los poblados Santiago de los Caballero, Agua Caliente, Río de Ahuijote, Rio de Santa Cruz en Badiraguato; Bacubirito, cerro de Tiburón y San José de Gracia, en Sinaloa de Leyva; El Comedero y Los Llanos en Cosalá esto ubicado en lo más atrincado de la región alteña. Del periodo 1974-1975 al 1975-1976, el número de aprehensiones registró un aumento de 2 mil 752 a 4 mil 399 campesinos.
El número de desaparecidos y muertos en las comunidades serranas o rurales fue ocultado. Colectivos sociales reclaman aún la presentación de luchadores sociales, líderes universitarios y guerrilleros desaparecidos bajo el pretexto de la “Operación Cóndor”.