Alvaro Aragón Ayala
Rehén de sus delirios de poder y de sus líos familiares que lo obligan a transferir, para “reconciliarse”, el negocio del Carnaval de Mazatlán a su hijo Yazid Yahave Benítez Ocaranza, el alcalde Luis Guillermo -El Químico- Benítez desafía, para que no se suspenda la megafiesta, al gobernador Rubén Rocha Moya y transa abiertamente con el secretario particular del mandatario, Alejandro -El Diablo- Higuera Osuna, a quien ya eximió del caso Nafta Lubricantes.
El presidente de Mazatlán juega en terreno pantanoso. Las diferentes expresiones o tribus de Morena lo rechazan, salvo la que pilotea en Sinaloa René Bejarano – “El Señor de las Ligas”-, que lo ha recogido en su seno. Para hacerle frente al gobernador, “El Químico” Benítez mueve soterradamente a Higuera Osuna como su enlace y protector en el Tercer Piso.
En el 2018, Benítez Torres se elevó en candidato de Morena y luego, por primera ocasión como alcalde, con un pasado de violencia intrafamiliar que fue oculto por sus operadores políticos. Antes de incursionar en Morena, “El Químico” llevaba una vida silenciosa con estrecheces económicas que lo obligaron a enfrentar una demanda de la Comisión Federal de Electricidad por un adeudo de 220 mil pesos.
“El Químico” Benítez casó con Catalina Ocaranza, a quien, de acuerdo a las versiones de sus amigos, compadres y funcionarios municipales, le daba una vida de infierno, hasta que la señora decidió correrlo del domicilio conyugal ubicado en el fraccionamiento Playas del Sur.
La relación del alcalde con su real esposa Catalina Ocaranza, quien debería de estar al frente de la presidencia del DIF de Mazatlán, es tirante. La armonía matrimonial se rompió todavía más cuando “El Químico” Benítez sostuvo un acercamiento sentimental con la química Brenda Karina Castro Valencia, quien después lo demandó por una pensión por alimentos para sostener a la hija que procrearon.
Pese a que no se ha divorciado, la nueva pareja sentimental del Luis Guillermo Benítez es Gabriela Peña Chico, a quien mantiene en el DIF, y quien se vio envuelta en el pasado trienio municipal en un escándalo al ordenar el cese del arquitecto Víctor Sainz de la dirección de Planeación por no otorgar permisos de construcción a su ex marido, el arquitecto Ernesto Guzmán Gárate.
Dada la necesidad del munícipe mazatleco de “reconciliarse” con su familia, sobre todo con sus hijos que procreó con Catalina Ocaranza, optó por ceder los negocios de los espectáculos y la celebración del Carnaval a su hijo Yazid Yahave Benítez Ocaranza, a quien lo dotó de autoridad para que opere el Instituto de Cultura, Turismo y Arte y el presupuesto que se le asigna anualmente.
Con Guillermo Benítez en la alcaldía, el Instituto de la Cultura, Turismo y Arte se convirtió en una promotora espectáculos o de pachangas públicas, dedicada a exhibir al puerto como sede, no de singulares riquezas históricas, culturales y turísticas, sino como un centro ideal para dar rienda suelta a la borrachera y toda clase de vicios.
Es así que Yazid Y. Benítez Ocaranza, hijo del presidente municipal, es quien de manera directa o triangulada avala los contratos para la celebración de todo tipo de gigantescas pachangas, nuevo distintivo del Instituto de la Cultura, Turismo y Arte. Yazid Y. Benítez y su esposa Daly Lizárraga son los representantes de la Banda Los Recoditos.
“El Químico” Benítez Torres rechaza acatar las disposiciones de las autoridades sanitarias y desafía al gobernador Rubén Rocha con el cuento de que únicamente el Consejo Nacional de Salud está facultado para cancelar la celebración del Carnaval de Mazatlán, cuya ganancia para su hijo serían de alrededor de 40 millones de pesos.
El Carnaval es un negocio rentable, se paga solo, pero sus organizadores fabrican pérdidas para exprimir económicamente al Instituto de la Cultura y para ocultar las ganancias que generan las aportaciones de hoteleros, restauranteros, empresas cerveceras, agencias de viajes, etc., y la venta de publicidad en sus desfiles y por la difusión de los eventos, cuyos espacios son aprovechados para promocionar productos, hoteles, restaurantes o figuras artísticas.
En su plan de gobernar de manera independiente y libertina, “El Químico” retó al gobernador primero bajo el argumento de la autonomía municipal y después con el cuento del Consejo Nacional de Salud, pero sospechosamente se convirtió en el “defensor de oficio” de Alejandro Higuera Osuna, ex alcalde mazatleco y secretario particular del mandatario estatal.
A “El Químico” y a Alejandro los unen sus vínculos con los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández, especialistas en “invertir”, desaparecer o “lavar” dinero público.
Caso Nafta y el saqueo del erario
El munícipe ya exoneró de toda culpa a Alejandro Higuera Osuna en el caso de Nafta Lubricantes, por el que un Juez ordenó al ayuntamiento de Mazatlán pagar a los hermanos Arellano 141 millones 802 mil pesos.
Quien fuera Director Asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán, Luis Antonio Aguilar Colado, ha exigido hasta el cansancio: “lo que procede ya, es demandar por las responsabilidades que le puedan recaer a todos los personajes que intervinieron y dejaron correr el caso Nafta Lubricantes; y uno de los personajes que está en este asunto es Alejandro Higuera Osuna”.
Luis Guillermo Benítez Torres se niega a demandar y protege a Higuera Osuna y paradójicamente enfrenta al gobernador. En la entrevista que el alcalde de Mazatlán concedió al semanario Río Doce el pasado mes de diciembre el jefe del ejecutivo le dijo al reportero “están equivocado”.
¿Cómo le va hacer, puesto que uno de los presuntos responsables, es ahora el secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya?, le preguntó el reportero.
_ “No, no, estás equivocado, con todo respeto”, replicó el “Químico”.
_A ver alcalde, corríjame…le insistió al munícipe el reportero.
_ “No, es que no te puedo decir, porque yo no quiero incomodar a la gente, pero mi obligación, en cuanto paguemos es demandarlos penalmente para que reintegren a la ciudad lo que originaron (el pago millonario a Nafta)”, contestó el alcalde.