Alvaro Aragón Ayala
El modelo de seguridad pública y de prevención y persecución de delitos del gobierno de Rubén Rocha Moya entró en un proceso de crisis y amenaza con colapsar ya que es una copia de las estrategias del disimulo, que ya fallaron, y que fueron montadas por los gobiernos de los años ‘60 y ’70 y retomados por la administración de Quirino Ordaz Coppel para engañar a la sociedad.
Ordaz Coppel institucionalizó la simulación en las áreas de seguridad y procuración de justicia y estableció el mecanismo de la “comparación estadística” para aparentar que en Sinaloa la población gozaba de estándares aceptables de tranquilidad. “El Culiacanazo” y el asesinato del periodista de Río Doce, Javier Valdez Cárdenas, derrumbaron el mito y el prototipo de seguridad quirinista.
Sin más recursos que la mentira, el gobierno de Quirino Ordaz continuó aplicando el método de la simulación en la lógica del experimento de una “Pax Narca” bajo el argumento de no poner en peligro la vida de quienes no están involucrados en actividades delictivas. El modelo fue heredado al gobierno de Rubén Rocha con todo y titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda.
El historiador y académico de la Universidad de Warwick y autor del libro The dope. The real history of Mexican drug trade, Benjamin Smith, relevó el trasfondo y las aristas de la “Pax Narca” en México, la cual inició –dijo- por medio de esquemas de cobro de impuestos informales. La lógica era sencilla: yo hago como que te persigo, pero en el fondo te dejo trabajar y me aseguro que nadie te moleste. A cambio, tú pagas mordida.
De acuerdo con Smith, aunque parte de este dinero terminó enriqueciendo a funcionarios, también hubo casos en los que se invirtió en obras y servicios públicos. Smith incluso mencionó algunas experiencias interesantes en el ámbito local. Por ejemplo, la del general Esteban Cantú, que gobernó el Territorio de Baja California durante la Revolución, y la de un gobernador de Sinaloa de por allá en los años ‘60.
La presencia de grupos delictivos que dominan amplias franjas territoriales en los 18 municipios de Sinaloa, encima de la presencia y el sometimiento de los cuerpos de seguridad locales -e incluso federales-, es reflejo del modelo de “Pax Narca” que pervive en Sinaloa con variantes preocupantes para la sociedad: el Gobierno-Estado ya no domina a los grupos delictivos, son los cárteles quienes imponen las reglas del juego en materia de seguridad.
El modelo quirinista que no funcionó entró de nuevo en operación con el gobierno de Rocha Moya con el rango de “programa de seguridad”. El esquema adoptado como eficaz por el rochismo lo exhibió y tumbó la difusión masiva de la instalación de un retén de gente armada en una carretera serrana en la reciente gira del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Es imposible para Rubén Rocha, a siete meses de su gobierno, ocultar con base a “comparaciones estadísticas” los asesinatos violentos que se registran todos los días y que generan miedo e incertidumbre en la sociedad. Es un absurdo querer esconder las desapariciones, los feminicidios, el descubrimiento de “tumbas clandestinas” y los desplazamientos de familias por el apoderamiento de los grupos delictivos de las poblaciones serranas.
La crisis de seguridad que amenaza con colapsar el gobierno estatal es el resultado de la corrupción y la colusión de las autoridades de seguridad pública y prevención de delitos con delincuentes y consecuencia de la impunidad que nace de la complicidad con el crimen y la falta de personal especializado para desarrollar investigaciones de alto perfil para esclarecer los múltiples crímenes que se registran en Sinaloa que en su inmensa mayoría quedan sin esclarecer.
Para colmo de males, con la salida de Juan José Ríos Estavillo y el ingreso de Sara Bruna Quiñonez a la Fiscalía General del Estado, la dependencia salió de Guatemala para entrar a guatepeor. La nueva Fiscal no da con bola. Ya demostró que no es apta para cumplir con eficiencia y eficacia una responsabilidad de esta naturaleza.