Alvaro Aragón Ayala
Para que usted arme sus propias hipótesis: 1.- De la clase política en el Poder ¿Quién es el personaje mejor enterado o “informado” del gabinete estatal? ¿Qué mecanismos usa para allegarse de información privilegiada? 2.- De los grupos delictivos a los que el gobierno estatal deja operar a sus anchas ¿Quién de ellos es el más interesado en espiar a la clase política?
Para que siga pensando: 3.- De los grupos políticos de Poder del PRI que fueron derrotados en la elección del pasado 6 de junio ¿Quién de ellos posee equipo de espionaje y le importa poseer información clave bajo la máxima de que “información es Poder”? 4.- De los empresarios definidos con el proyecto del PRI-PAN-PRD y “Sí por México” que piensan que a partir del 1 de enero perderán sus privilegios ¿A quién le importa vigilar al futuro inquilino del Tercer Piso del Gobierno Estatal?
Otras dos interrogantes para que siga armando sus conjeturas: 5.- ¿De los grupos locales/estatales que se mueven al interior de Morena ¿quién o quiénes poseen recursos y capacidad para comprar equipo software para el espionaje telefónico y con que propósitos políticos lo utilizaría? 6.- De los grupos nacionales de Morena y del PRI ¿a quién “le cala” mantener bajo vigilancia telefónica al futuro gobernador?
Días atrás, el gobernador electo Rubén Rocha Moya informó haber sido víctima de hackeo (espionaje electrónico, que conste) en su número telefónico, para, obviamente, “robarle” los datos de su celular, enviar mensajes falsos o bien mantener sobre él un constante monitoreo de sus llamadas telefónicas.
A través de su cuenta en Facebook, el morenista llamó a la ciudadanía y a sus seguidores a ignorar cualquier mensaje proveniente de su número telefónico y de cualquier aplicación de mensajería, incluyendo WhatsApp. “Mi número de celular fue hackeado. Les pido ignorar todo mensaje recibido vía WhatsApp u otra aplicación. Estamos intentando solucionarlo. Los mantendré informados”, publicó.
Lo más acertado a la realidad es que el gobernador electo ya cuente con uno o dos, incluso hasta tres, nuevos equipos telefónico para comunicarse con sus más cercanos colaboradores y las personas con quien desea celebrar reuniones o encuentros. El espionaje que obra sobre su persona seguramente fajina también sobre sus hijos y sus más allegados y muy probablemente de quienes tienen posibilidad de ingresar a su gabinete estatal. Es lo lógico.
De las 6 preguntas para el armado de hipótesis tres o cuatro podrían quedan descartadas casi de inmediato para reforzar cuando menos tres dado el interés que existe entre los grupos por influir en la designación de sus fieles al gabinete estatal y de enderezar procesos de linchamiento mediático contra aquellos personajes con quienes Rubén Rocha tiene compromisos de campaña o bien marcada simpatía y reconocimiento como para ser nombrados secretarios del gabinete.
Vaya. Se podría asegurar que Rubén Rocha Moya ya sabe quién le hackeó su número telefónico…
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Para no parecer ridículos y doblemente irresponsables, porque desde un principio su uso obligatorio hubiera detenido los contagios y muertes por Covid, el gobierno del Estado decretó el uso forzoso, inexcusable, del cubrebocas en lugares públicos. La medida fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del estado desde el 16 de julio, pero mantenida oculta “por razones políticas”
La iniciativa del uso obligatorio de barbijos es del Partido Sinaloense, cuyos dirigentes y militantes venían ejerciendo presión para obligar a las autoridades a que tomaran medidas efectivas contra la pandemia para evitar su expansión.
Meses atrás, el PAS ingreso al Congreso Local una iniciativa para reformar la Ley de Salud, la cual fue “congelada”, lo que motivó que este partido presentara no solo más de 100 mil firmas ante el Poder Legislativo, sino que realizara mega-caravanas vehiculares exigiendo su aprobación
La iniciativa no fue aprobada porque sería tanto concederle la razón al PAS y apuntarle un éxito más. Los diputados, sobre todo del PRI y los 4 legisladores traidores de Morena, pujaron contra la reforma de ley sin importarle la salud y la vida de la población.
Por allá, entre el 7 y 8 de julio, la presidenta de la comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso de Sinaloa, Guadalupe Iribe Gascón, reiteró una propuesta, que plagio al PAS, para que el cubrebocas fuera obligatorio como medida para fortalecer el combate del coronavirus, sobre todo, ahora con un nuevo rebrote.
El lunes las autoridades de Salud, dieron a conocer que en Sinaloa ¡por fin!, después de más de 7 mil muertos y miles y miles de contagiados y una crisis sanitaria espantosa, se declaró obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos.
El decreto sobre el uso obligatorio del barbijo fue publicado el 16 de julio, pero fue dado a conocer por Efrén Encinas Torres, titular estatal de Salud, casi un mes después, para que el anuncio no fuera interpretado como el “tapabocas” que impuso el PAS a quienes se negaron una y otra vez a aprobar su iniciativa en el Congreso.
Por donde quiera que se le quiera ver el uso obligatorio del cubrebocas es un éxito del PAS, pero a la vez significa el miedo que invade al gobierno estatal y a las autoridades de salud, a quienes la pandemia ya rebasó. El agua ya les llegó a los aparejos….