Los montos, que se calcularon con base en ley, deben ser avalados en el Consejo General.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analizará un acuerdo elaborado por su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que los siete partidos políticos nacionales recibirán para el 2023 un importe conjunto de 6,233 millones 510,798 pesos.
Con base en la fórmula que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la elección federal del 2021, cada partido recibiría en 2023:
- Morena 1,837 millones 562,623 de pesos para actividades ordinarias y 55 millones 126,879 pesos para actividades específicas.
- El PAN, 1,101 millones 341,954 pesos para actividades ordinarias y 33 millones 40,259 pesos para actividades específicas.
- El PRI, 1,079 millones 140,147 pesos para actividades ordinarias y 32 millones 374,205 pesos para actividades específicas.
- Para Movimiento Ciudadano, el acuerdo tiene previsto 580 millones 460,239 pesos para actividades ordinarias y 17 millones 413,807 pesos de actividades específicas.
- Para el PVEM, 507 millones 553,646 pesos para actividades ordinarias y 15 millones 226,609 para actividades específicas; el PRD 424 millones 365,580 pesos para actividades ordinarias y 12 millones 730,967 pesos para actividades específicas; y el PT recibirá 405 millones 592,295 pesos para actividades ordinarias y 12 millones 167,769 pesos para actividades específicas.
Además de estos montos, los siete partidos nacionales recibirían, cada uno, 16 millones 960,047 por concepto de franquicia postal, así como 99,070 pesos por franquicia telegráfica.
“Recursos garantizan desarrollo democrático”
En sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde se aprobó este proyecto que será analizado por el Consejo General del INE, el presidente de la Comisión, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que pese a lo poco prestigioso de entregarle dinero a los partidos políticos “garantiza el pleno desarrollo democrático de nuestros procesos electorales y contribuye decididamente a que la política sea un ejercicio compartido por la sociedad mexicana sin el peso determinante del dinero privado”.
Dejó en claro que por mandato legal, el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.
“Estos son dineros que garantizan dos cosas fundamentales en nuestra democracia; la primera es permitir que haya partidos competitivos, aunque no dispongan de grandes donativos de intereses privados, y que los ciudadanos puedan en plena libertad expresar su auténtica voluntad en las urnas gracias a un mínimo de equidad”, apuntó.
En suma, dijo, garantiza una mínima distancia entre los grandes capitales y sus intereses y las posiciones que se eligen a través de las urnas y el consecuente ejercicio de gobierno.
De cara a la reforma político-electoral constitucional que se discute en el Congreso, el consejero Espadas Ancona consideró que se debe entender y valorar el efecto del gasto público en la democracia mexicana, para garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir sus gobernantes desde hace casi tres décadas y tener en cuenta las otras experiencias que han llevado a destinos diferentes.
En su momento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ese órgano está listo para aportar a las y los legisladores en el Congreso toda la información requerida para la discusión y análisis de las diversas iniciativas de reforma político-electoral.