Facultan a los directores de órganos internos para investigar a parejas de servidores públicos
Los cónyuges, concubinos, parejas sentimentales, novias y cualquier dependiente económico directo de un funcionario del gobierno federal podrá ser sujeto de investigaciones y auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esta es la nueva estrategia de combate a la corrupción y desvío de recursos entre los servidores públicos, con el acceso a información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria, y la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración e inversión de recursos monetarios.
De acuerdo con la nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, también se ordenó dar seguimiento a indagatorias contra redes familiares o personas cercanas a un funcionario, por su probable participación en desvíos de dinero público, por lo que se podrán evadir los candados de información reservada o confidencial.
Con este acuerdo, la facultad de llevar a cabo indagatorias en materia fiscal, hasta ahora exclusiva del titular de la Función Pública, se delega al titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones, al responsable de Investigación Forense, al de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, al coordinador de Órganos de Vigilancia y Control y al titular de cada Órgano Interno de Control en las dependencias. de la Administración Pública Federal.
Incluso, la facultad de investigación fiscal a familiares de servidores públicos se extiende también a cada uno de los titulares de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
El procedimiento para solicitar la información patrimonial de los empleados federales a las autoridades correspondientes será establecido por el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, según el acuerdo.
Datos de la Secretaría de la Función Pública apuntan que durante esta administración se han aplicado cerca de seis mil sanciones a servidores públicos; sólo en 2019 se aplicaron tres mil 713 sanciones; en 2020, mil 925 y de enero a febrero de 2021, cerca de 369, con un monto por cuatro mil millones de pesos en penalizaciones económicas.
PAL
Héctor Cervantes
Fuente: El Heraldo de México