México envió a las autoridades estadunidenses una nota diplomática de extrañamiento luego de que el gobierno de Texas comenzó a colocar una barrera de boyas en el río Bravo, informó ayer la canciller Alicia Bárcena.
En el primer encuentro con periodistas desde su designación, Bárcena explicó que el gobierno texano del republicano Greg Abbott podría estar violando el tratado de aguas binacional de 1944, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió la referida nota diplomática, así como una misión de inspección territorial, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para conocer dónde se están ubicando las boyas y verificar queno crucen el territorio mexicano.
En una nota informativa, la SRE indicó que desde el 26 de junio el gobierno de México solicitó a Estados Unidos que sean retiradas la barrera de boyas y la cerca de alambre de navajas que colocó en el cauce del río el gobierno de Abbott.
En la SRE, Bárcena expuso que una de las prioridades es la protección de los connacionales en EU, además de que señaló que el diferendo diplomático con Perú continúa y no se ha terminado la “pausa” en las relaciones con España declarada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la canciller informó que sigue gestionando con el gobierno de Israel la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de torturar y desaparecer a detenidos por el caso Ayotzinapa, y que México seguirá apoyando el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.
Bárcena dijo que espera comparecer ante el Senado para su eventual ratificación el 1° de septiembre.
Respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo, la canciller señaló que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos, al tiempo que busca entablar un diálogo sobre el tema con el gobierno de China, el cual, afirmó, también está interesado en erradicar las drogas.
Adelantó que México está haciendo un mapeo de las muertes de ciudadanos hispanos y mexicanos a causa del fentanilo.
Sobre la situación política en Nicaragua, rechazó que el gobierno mexicano haya guardado silencio y dijo que por instrucciones del presidente López Obrador se han atendido las solicitudes de asilo de los nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega ha expulsado y despojado de su nacionalidad.
Añadió que en su visión, se debe mantener “una interlocución profunda con el gobierno de Nicaragua y decirle nuestras preocupaciones” con relación a la situación de los derechos humanos en ese país.
Sobre la situación en Guatemala, expresó que se espera que el proceso electoral y democrático en curso concluya en paz.
Aseveró que nuestro país continuará con los litigios en EU contra los fabricantes de armas a los que acusa de incurrir en prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armamento a los cárteles en México.
Arturo Sánchez Jiménez
Fuente: La Jornada