Familiares de personas desaparecidas instalaron ayer un “muro de la memoria para la verdad y la justicia”, con decenas de fotografías de sus seres queridos, en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. “Nos levantamos aquí para arrebatarle nuestros nombres al olvido y para recordarle al mundo que la dignidad de quienes amamos no se borra con el tiempo ni con la indiferencia”, puntualizaron.
También señalaron que aspiran “a llegar a una sociedad que no se ha dado cuenta o no quiere voltear a ver la terrible crisis humanitaria en la que nos encontramos en México, pero tenemos la esperanza de que pronto caminarán a nuestro lado”.
Entre las imágenes que fueron colocadas en el muro de 1.22 por 2.44 metros está la de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México; la de Julio César Cervantes Cabañas, desaparecido el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, y la de Vladimir Florean Pablo, visto por última vez el 22 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
También hay casos de Monterrey, Nuevo León, como el de Alejandro Alfonso Moreno, desaparecido el 27 de enero de 2011; de Michoacán, Ulises Campos, ausente desde agosto de 2018; de Tamaulipas, Axel Martínez, desaparecido el 28 de diciembre de 2022, entre muchos otros.
Los colectivos, entre ellos Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, igualmente colocaron bajo el muro una jardinera con varias plantas y flores. “Estamos humanizando la burocracia y queremos que cada funcionario que entre a trabajar y cada autoridad que tome una decisión tenga que cruzar la mirada con nuestros seres queridos”, dijeron.
Que no olviden, añadieron, que detrás de cada folio “hay una vida que nos falta, una familia rota, una exigencia de justicia que no se agota en un horario de oficina”.
Recordaron que un muro similar fue colocado desde el 20 de enero de 2020 frente a la ex sede de la Fiscalía General de la República, en avenida Insurgentes, hasta que fue retirado por funcionarios de esta institución “en complicidad con el Gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal”, en abril de 2024.
Sobre la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que realizó el gobierno federal, los familiares de víctimas coincidieron en que es “un intento de rasurar el padrón” y “minimizar la tragedia humanitaria que vivimos”. Enfatizaron: “no aceptamos una cifra que se construya a espaldas de quienes buscamos”.
Jessica Xantomila y Jared Laureles
Fuente: La Jornada