Álvaro Aragón Ayala
El diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz, y el legislador del Morena, Marco Antonio Zazueta Félix, reactivaron su demanda de cese de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, en un escenario en el que el presidente de la JuCoPo del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez, demuestra inclinaciones por conservar a la auditora. El también dirigente de la bancada parlamentaria de Morena fortaleció su «hermandad» con los diputados del PRI responsables de “blindar” al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, acusado de estar involucrado en actos de corrupción.
La solicitud del gobernador Rubén Rocha Moya para que se practiquen auditorías específicas a fin de fincar responsabilidades en el caso de los “contratos” de arrendamiento del edificio de la Unidad de Servicios Especiales -USE- y para dar con el “destino” de los fondos del Fideicomiso del Sistema de Ahorro y Préstamo -SIAP- de la Sección 53 del SNTE, topó con la inercia de Feliciano Castro Meléndrez, quien recibió con desgano la petición. Para demostrar su «interés» en ambas auditorías el presidente del grupo parlamentario de Morena volvió a recurrir a su clásico discurso “cosmológico” y “filosófico”.
En sendos posicionamientos ante la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, sobre la solicitud de las investigaciones contables a la USE y al SIAP, René Bojórquez y Marco Antonio Zazueta Félix argumentaron, con datos duros, la necesidad de remover de la titularidad de la Auditoría a Emma Guadalupe Félix Rivera para destrabar y profundizar en el ejercicio de auditorías y llegar al “corazón” de la corrupción de los gobiernos anteriores y poder que caminen las dos investigaciones solicitadas por el mandatario estatal.
Feliciano Castro Meléndez, presidente de la JuCoPo, mantiene una “relación hermanada” con el presidente del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez y con el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, quienes “cerraron los candados”, junto con Emma Guadalupe Félix Rivera, de la caja de pandora para proteger la corrupta administración de Quirino Ordaz Coppel. La ASE no se ajusta al modelo del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.
La Auditoría a la que se le asignó para el 2022 un presupuesto anual de más de 137 millones de pesos y que cuenta con más de 300 empleados, 54 de ellos de primer nivel, no es rentable ni funcional en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El diseño de la ASE y su “enlace” con la Comisión de Fiscalización, es ideal para blindar de cualquier escrutinio a Quirino Ordaz y a otros ex gobernadores. El diputado Feliciano Castro calla ante los argumentos que esgrime Emma Guadalupe Félix para no cumplir con su responsabilidad y bloquea en el Congreso Local las demandas de destitución de la auditora.
La petición de gobernador de auditar los “contratos” de renta de la USE y el Fideicomiso del SIAP, con la Emma Guadalupe Félix Rivera al frente de la ASE corren el riesgo de trabarse y ser “manoseada” para ir a parar al “cesto de la basura” así como ha ocurrido con otras exigencias de auditorías específicas y fúnebres que se han hecho llegar a la auditora. La falta de resultados no inmuta a Feliciano Castro Meléndrez.
La petición de las dos auditorías específicas del gobernador Rubén Rocha Moya, necesarias para destapar dos casos más de corrupción de alto nivel en que estaría involucrado una vez más Quirino Ordaz, caerá en manos de la Auditoría Superior del Estado que todavía está bajo el dominio político del ex gobernador, quien mantiene, además, “orejas” en la estructura de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, los Órganos Internos de Control y el Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa.
La prevalencia del equipo de Quirino Ordaz en la ASE y otras dependencias claves comienza a generar problemas de imagen a Rubén Rocha Moya. El dirigente de la Sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo, aprovecha la inutilidad de la Auditoría para atacar al gobernador, distorsionar datos, emprender una “graciosa defensa” y eludir cualquier responsabilidad en el caso de la USE y el SIAP. Es la coyuntura, pues la negativa de Emma Guadalupe Félix Rivera a realizar otras auditorías especificas o fúnebres “por falta de capacidad técnica” ensombrece al gobierno de la Cuarta Transformación y genera la percepción de que se está protegiendo al ex gobernador.
Incluso ya fue borrada de la “memoria legislativa” la denuncia de los legisladores morenistas de la Sexagésima Tercera Legislatura que acusaron al gobierno que encabezó Quirino Ordaz Coppel de haber dilapidado, en sólo tres años, mil 905 millones de pesos en Comunicación Social. Este gasto elevó casi 17 veces más, los 70 millones 751 mil pesos que le aprobó el Congreso del Estado para el periodo 2017-2019.
La inercia de Feliciano Castro pone en peligro la credibilidad del gobernador Rubén Rocha. El discurso platónico del presidente de la JuCoPo no funciona. La sociedad quiere ver resultados tangibles en el combate a la corrupción no oír discursos floridos que suenan a insultos contra la inteligencia. La permanencia de Emma Guadalupe Félix Rivera, en la ASE, siembran polémicas y dudas sobre el destino-resultado de las futuras auditorías a la USE y al SIAP.