El experto en procedimientos especiales de la ONU, Santiago Corcuera considera que se deben implementar acciones de vigilancia para proteger a los acusados.
En lo que va del sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) es el órgano más quejas ha recibido por presuntamente haber estado involucrado en tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Desde el 2019, se han presentado 62 quejas en contra de la FGR, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha recibido 45, la Guardia Nacional (entre 2020 y febrero de 2022) 25 y la Secretaría de Marina (SEMAR) 20.
Según Santiago Corcuera, ex presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este asunto es una falla de origen ya que el sistema no garantiza la seguridad del imputado.
En entrevista con EL FINANCIERO, el experto explicó que el problema es que los imputados están siempre bajo la custodia del ministerio público, lo que abre la puerta a que los acusados sean torturados para obtener una confesión.
“Aunque la declaración se rinda ante un juez, y en presencia de un abogado, si el imputado va a regresar a ser custodiado por la propia policía (que trabaja para la FGR), esto no garantiza que el imputado pueda ser sometido a tortura”, aseguró Corcuera.
De igual manera, estableció que esta práctica ya había sido señalada en el informe de la visita a México del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Nigel Rodley, que vino al país en 1997. Sin embargo, lamentó que siga sucediendo más de 20 años después.
Corcuera rechazó que esta falla sea una justificación, y expuso que para evitar que se siga torturando a los acusados, se necesitan implementar acciones de vigilancia que aseguren que se le está dando el trato debido al acusado.
“Se tienen que adoptar otro tipo de medidas preventivas, como la instalación de cámaras de manera permanente en donde las personas imputadas están siendo custodiadas”, consideró el experto.
El académico también afirmó que la impunidad también es uno de los grande problemas, ya que el número de personas que han sido sancionadas por el crimen de tortura es muy bajo y esto provoca la incidencia de la tortura.
Corcuera resaltó que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya expuso que este problema también se da en los casos de desapariciones forzadas, que raramente son perseguidos.
En este aspecto, la SEDENA es la fuerza armada que más quejas ha recibido ante la CNDH en lo que va del sexenio, ya que desde 2019 hasta febrero de este año, se han presentado 19 protestas en su contra.
Pedro Hiriart
Fuente: El Financiero