Washington y Nueva York. El Congreso aprobó 70 mil millones de dólares para financiar los esfuerzos de control migratorio y fronterizo del gobierno del presidente Donald Trump garantizando así los fondos para su agenda contra los extranjeros sin documentos hasta el fin de su periodo en la Casa Blanca, en 2029, sin considerar medidas significativas para proteger a esa minoría de crueldad y abusos, incluidas condiciones fatales.
La autorización de fondos del Poder Legislativo estadunidense ocurrió el mismo día en que Detention Watch Network –agrupación nacional que monitorea la detención de inmigrantes– reportó que 50 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025.
“Este ha sido el año más mortífero para los arrestados por ICE en décadas”, afirmó ayer Setareh Ghandehari, director de abogacía de la red. Para comparar, vale recordar que sólo hubo tres fallecimientos en los centros de detención de inmigrantes en 2022.
“La gente en detención migratoria lo describen como infierno en la tierra porque lo es”, enfatizó Ghandehari. “La agenda de detención y deportación masiva de Trump ha alcanzado una escala previamente inimaginable. La gente en estas instalaciones enfrenta condiciones inadmisibles: aislamiento, negligencia médica, abuso físico y verbal, hacinamiento, acceso insuficiente a necesidades como alimento y agua, y constantes traslados que provocan que las personas desaparezcan dentro del sistema”.
Frente a una creciente ira de varios sectores de la sociedad estadunidense por los niveles de violencia y represión de agentes de inmigración, incluyendo el asesinato de manifestantes y la impunidad oficial, legisladores demócratas frenaron la aprobación del paquete de financiamiento masivo durante casi cuatro meses.
Sin embargo, los propios demócratas están divididos sobre el tema del control de migración y de la frontera. Sus contrapartes republicanas lograron usar un mecanismo especial de financiamiento para lograr aprobar los 70 mil millones en fondos adicionales. Con eso, ICE estará recibiendo un total sin precedente de 200 mil millones de dólares para su trabajo y con más recursos también dedicados a la agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza.
En estos momentos hay entre 60 a 70 mil personas en centros de detención de inmigrantes y la gran mayoría –a pesar de las afirmaciones del gobierno de Trump en sentido contrario– no tiene historial criminal.
“ICE tiene normas sobre sus estándares de asistencia médica, pero no las cumplen”, afirmó la especialista en salud, Kate Sugerman, quien ha evaluado la atención a los inmigrantes en centros de detención. “Los horrores médicos y sicológicos en torno a las cárceles tienen que acabar”.
Este martes, la Oficina de Contraloría del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés, una agencia de investigaciones para el Congreso), emitió un nuevo informe sobre el centro de detención de inmigrantes más grande del país, ubicado en las afueras de El Paso, Texas, donde documentó celdas sucias, ningún sistema de evaluaciones médicas integrales, decenas de millones de dólares desperdiciados y hasta un arma de fuego que se perdió dentro de la instalación.
Según la auditoría del propio gobierno, ICE otorgó un contrato de mil 300 millones de dólares para administrar un centro de detención llamado Camp East Montana, instalado en una vieja base del ejército sin inspeccionar nunca el lugar. Por lo menos tres detenidos han muerto ahí desde entonces, incluida una víctima de homicidio.
El sistema de detención es sólo una parte de la estrategia de detención y deportación masiva del gobierno, la cual se emplea contra gente “dependiendo de sus rasgos físicos, por el idioma que hablan o donde trabajan”, afirma Ghandehari de Detention Watch Network. Estas tácticas y las condiciones en que se encuentran los detenidos han llevado a que estallen por lo menos dos huelgas de hambre en estas instalaciones y constantes vigilias y manifestaciones alrededor de decenas de estos centros en el país por familiares y defensores de derechos.
La red trabaja con más de 110 organizaciones locales a lo largo del país, que son parte de coaliciones locales que confrontan la agenda antimigrante del gobierno de Trump al proteger a esa minoría en sus comunidades.
Esta movilización ha obligado al gobierno de Trump a retirar tropas de la Guardia Nacional y de ICE de varias ciudades, y a cambiar las leyes y regulaciones locales en torno al tema migratorio. El mes pasado, la gobernadora de Nueva York promulgó una ley que prohíbe a las policías estatales y locales colaborar con agentes de migración.
En respuesta, el “zar” fronterizo Tom Homan amenazó este lunes con un incremento de agentes de ICE en la ciudad de Nueva York, justo antes de que se estrene como anfitrión de un evento global, la Copa Mundial, este jueves.
“Habrá más agentes de ICE en cantidades jamás antes vistas en la ciudad de Nueva York, ahí vienen”.
De hecho, el gobierno federal se ha rehusado a declarar si desplegará agentes de ICE en los estadios y otras sedes durante el Mundial.
El gobierno de Trump también ha amenazado con suspender fondos federales a cualquier ciudad que se atreva a aprobar leyes que protejan a inmigrantes indocumentados, aunque los tribunales federales repetidamente han fallado que esas acciones para castigar a esas urbes son inconstitucionales.
Jim Cason y David Brooks, corresponsales
Fuente: La Jornada