Alvaro Aragón Ayala
Como si la dependencia no existiera, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no ha movido ni un solo dedo para desentrañar la maraña contable y administrativa que permita descubrir y fincar responsabilidades por el gasto indebido de más de mil 800 millones en el maquillaje de la imagen personal de Quirino Ordaz Coppel y su gobierno.
Proyecto 3, con el apoyo de personal de Expediente 27 y de Gremio, armó un organigrama de “la red humana” y administrativa, que tuvo como sede la Oficina de Comunicación Social del gobierno del Estado, que fue estructurado para poder “comprobar” la inversión millonaria en publicidad y propaganda en el anterior régimen.
En el organigrama que sirvió de partida para elaborar un diagrama de seguimiento sobresalen figuras que se mueven aún en la esfera estatal-gubernamental y que supieron del saqueo parapetado en el área de comunicación social.
Iniciativa Sinaloa A.C. que documentó el dispendió de mil 800 millones de pesos, del 2017 al 2019, atribuyó la “fuga” de los recursos a la ausencia de regulación adecuada en la asignación y distribución de la publicidad quirinista.
“Esta situación ha permitido un ejercicio opaco, desigual y discrecional de los recursos públicos. Además, ha permitido que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura indirecta para castigar a los críticos de los gobiernos”, expuso la agrupación.
Iniciativa Sinaloa divulgó que el gobierno quirinista gastó 17 veces más de lo aprobado por el Congreso del Estado para el periodo 2017- 2019. Es decir, elevó el presupuesto de 70 millones 751 mil pesos a mil 180 millones de pesos ejercidos en tres años, cantidad a la que hay que sumar los millones de pesos que dilapidó Quirino Ordaz en el 2020 y el 2021.
La investigación de Iniciativa Sinaloa reveló que un 60 por ciento de los recursos fueron destinados a empresas localizadas en otras entidades del país, principalmente en Ciudad de México y en Jalisco.
Además, se documentó que al menos 10 empresas fueron, creadas durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y desaparecieron al poco tiempo de facturar los servicios de publicidad.
Iniciativa Sinaloa A.C. hizo llegar al Congreso Local una carpeta digital que contiene 3 mil 723 facturas que sustentan el gasto ejercido por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal entre 2017 a 2019.
No se sabe si la información fue tirada al cesto de la basura por los diputados del Congreso Local, si se mantiene archivada, si fue turnada o no a la Auditoría Superior del Estado o bien si fue puesta a disposición de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Porque es un “asunto delicado” y para no “violar el debido proceso”, en el Congreso Local no hay acceso a este tipo de información. La Auditoría Superior del Estado se maneja como si fuera una empresa privada de Quirino Ordaz y ahí nadie libera información.
La secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas parece no existir. La titular de la dependencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda, se mueve en la sombra. Nadie sabe qué hace y que no hace.
El gasto de mil 800 millones de pesos en la «imagen» del ahora ex gobernador le abrió un boquete a las finanzas estatales, no en balde Quirino Ordaz entregó en ruinas el gobierno estatal a Rubén Rocha Moya.