Alvaro Aragón Ayala
El engranaje para la integración de los 32 Consejos Políticos Estatales y la formación de igual número de Comités Directivos Estatales de Morena se mueve bajo los mecanismos de un plan piloto de sumisión política-partidista acoplado al proyecto 2024 de Andrés Manuel López Obrador. El partido está diseñado para obedecer consignas, sin embargo, los gobernadores morenistas que quieren todo el control del instituto político pretenden rebasar por la derecha y la izquierda al presidente de la República a fin de procesar en sus estados el reparto de las candidaturas a cargos públicos.
Los gobernadores intentan convertir a Morena en sus estados en una especie del viejo PRI con una estructura cerrada para mantener el dominio personal de las postulaciones. La idea de los mandatarios estatales es demoler el modelo de las encuestas usado por López Obrador para designar candidatos a los gobiernos de los estados, alcaldías, diputaciones locales y federales. El mecanismo presidencialista le ha funcionado a la perfección al presidente de la República y le ha permitido mantener a raya a los morenistas con ambiciones sin freno.
La rebelión abierta o silenciosa de los gobernadores y de sus alcaldes alineados debido a la filtración de ciudadanos no identificados con sus grupos de poder, radica en el temor de perder espacios de control en Morena al que quieren usar como la aduana para el “destape” de sus candidatos en el 2024, contra el proyecto presidencial que insistirá en el modelo de las encuestas, que de seguir funcionando le garantizaría consolidar su proyecto sucesorio y gratificar a quienes considere que no lo traicionarán a la vuelta de la esquina.
Algunos gobernadores presionan para que en sus estados los Consejos Políticos y la estructura de sus primeros comités directivos funcionen como extensión del Poder Ejecutivo, con una estructura “corporativa”, integrada por alcaldes, diputados, funcionarios municipales y estatales, proyecto que no comulga con el del presidente de la República que no desea perder dominio territorial. Ceder el control total de Morena, en los estados, a los gobernadores generaría el riesgo de la integración a futuro de un bloque antiAMLO de mandatarios estatales que no simpaticen con la nominación del próximo candidato presidencial de López Obrador.
El presidente de la República le da seguimiento puntual a la integración de los gabinetes de los gobiernos estatales de Morena a los que se han ido incorporando de manera abierta o soterrada dirigentes y activos del PRI y el PAN, que si bien podrían garantizar victorias electorales por contar con “morenistas por contrato”, generan incertidumbre en Palacio Nacional porque los mandatarios estatales podrían estar abriendo puertas de negociación con la alianza PRI-PAN-PRD para reventar en el 2024 el proyecto de la Cuarta Transformación.
El régimen político-morenista tiene las particularidades de un sistema de ejercicio personal del poder político, sin ningún partido que obstaculice la toma de decisiones; sin Morena de contrapeso o rechazo a las decisiones presidenciales. Para el presidente de la República es un riesgo cederle el total dominio territorial de Morena a los mandatarios estatales, pues se expone en el 2024 a lidiar con presiones, «entendimientos», negociaciones e imposiciones de los gobernadores que arman sus gabinetes con elementos del PRI y del PAN por si tienen necesidad de abandonar Morena.