Alvaro Aragón Ayala
En la línea de las organizaciones criminales que sueñan con eliminar o paralizar a los militares, los Senadores del PRI y del PAN persisten en negar la permanencia hasta el 2028 del ejército en las calles. Ratificamos: la presencia de los soldados en las tareas de seguridad pública y contención de delitos representan un estorbo para el narcotráfico y otros grupos delictivos letales.
La discusión pública-social y legislativa en torno a la iniciativa para regular la participación de las fuerzas armadas en la contención, prevención y combate a la delincuencia, es atorada con el sofisma de la “militarización” del país. El primero que sacó al ejército a las calles para combatir el narco fue Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y luego Enrique Pela Nieto (PRI). El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no regresarlos a los cuarteles, pero evitando que incursionen en operaciones contra la sociedad civil.
La oposición de los Senadores del PRI y del PAN a la iniciativa presidencial contrasta con la actitud de los gobernadores del PRI y de Morena que reclaman mayor presencia militar en sus entidades y la ampliación del apoyo federal para combatir a las bandas de criminales. Los mandatarios del PAN rechazan extender la prórroga. Los gobernadores morenistas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Sonora pidieron a los Senadores que avalen la propuesta para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad.
Los analistas y meta-analistas consideran que el uso de la “militarización” del país como argumento para echar abajo la iniciativa presidencial es tramposo y falso de toda falsedad porque para militarizar el país se requiere una nueva Constitución o reformas de fondo que llevaría a cancelar la inviolabilidad domiciliaria, los derechos humanos, la no discriminación, el derecho a la reunión, la libertad de expresión, y legitimar el toque de queda, etcétera.
LUIS ENRIQUE: INVESTIGACION POROSA
La Fiscalía General de Justicia todavía se mantiene en el filo del ridículo por las investigaciones porosas, accidentadas y novelescas en torno al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fuera trabajador de El DEBATE.
Sara Bruna Quiñonez, la Fiscal, quedó enredada en la teoría del delito y la teoría del caso y en el argumento de la “desaparición de un celular” para no presentar una investigación creíble que realmente arroje luz sobre el asesinato y que permita no solo la captura sino el encarcelamiento de los autores del homicidio.
El débil eslabón de la Fiscalía General de Justicia para dar atole con el dedo a los familiares de Luis Enrique, al gremio periodístico y a la sociedad, es la aparente judicialización de Brisya Carolina, esposa de uno de los presuntos autores del crimen, a la que acusó de encubrimiento por favorecimiento, delito que en este caso no se da, no procede, por la relación de pareja de Brisya con uno de los acusados.
GRACIELA DOMÍNGUEZ Y LA MALA IMAGEN
Acuerpada por su alter ego, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la JuCoPO del Congreso Local, Graciela Domínguez Nava llegó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura sin ninguna experiencia en el ejercicio de la administración pública ni de manejo de recursos humanos y materiales.
A contrapartida, la experredista goza de «colmillo» legislativo. Operó la JuCoPO en la LXIII Legislatura, en la que se distinguió por desacralizar al entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel, al que colocó en la línea de la alta corrupción y el saqueo de los recursos públicos.
Graciela es licenciada en Sociología por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que impartió clases Feliciano Castro Meléndrez. En el 2011 fue nombrada jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos, en la que operó también Feliciano y que fue todo un desastre. De sus vivencias, escribió un libro: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia.
La ex perredista le entiende a la agitación social, a la grilla practicada por el antiguo PRD y al feroz discurso legislativo, sin embargo, carece de los conocimientos y la experiencia para dirigir la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en cuyas entrañas se libra una intensa lucha entre los funcionarios que se dedican a la politiquería y los que si le entienden a la función pública.
De las 5 mil 376 escuelas de Sinaloa, no son únicamente 150 o 160 las que requieren rehabilitaciones, pasan de mil las que necesitan reparaciones mayores o mínimas en sus techos, paredes, sistemas de drenaje y agua potable, canchas, pisos, bardas perimetrales, pero Graciela Domínguez no tiene la radiografía completa porque todavía, a un año de su nombramiento como titular de la SEPyC, no recorre los planteles de Sinaloa.
Para desempeñarse con eficiencia y eficacia en un cargo del nivel de secretaria de gabinete estatal, se requiere visión y estrategia, gestión y logro, relación con el entorno y articulación de redes, manejo de crisis y contingencias y liderazgo. Graciela Domínguez carece de estas cualidades. El trabajo de la SEPyC se cerró en supuestas mesas de trabajo, acuerdos para la foto publicitaria y en el deslinde con los dirigentes de las secciones 27 y 53 del SNTE.
En un puntaje de 10, Graciela Domínguez no alcanzaría ni los 4 puntos de calificación. Es una funcionaria reprobada. El sistema educativo estatal, el que debería normar la SEPyC, es un verdadero desastre: persiste los pleitos permanentes por las plazas, la violencia en los centros educativos, hay profesores desmoralizados, se registra un descenso en los niveles de enseñanza y un alto porcentaje de deserción educativa.
Difícil entonces que Graciela Domínguez Nava engañe al gobernador Rubén Rocha Moya sacudiéndose las críticas a su desempeño porque si alguien sabe de educación es precisamente el gobernador del estado, quien fue maestro normalista, director de escuelas y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.