La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró presuntos daños al erario por más de 476 millones de pesos tan sólo en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga y en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por diversas irregularidades en el pago de servicios sin verificación de que se hubieran llevado a cabo.
En su reciente entrega de informes individuales, correspondiente a la cuenta pública 2024, la entidad revisora determinó que el Hospital General debe aclarar un total de 354 millones 474 mil 144 pesos, debido a una serie de fallas en la utilización de los fondos que recibió por los capítulos presupuestales 2000 (Materiales y servicios) y 3000 (Servicios generales).
Entre las anomalías documentadas por la ASF, en la mencionada institución médica se cuenta el pago de 214 millones 883 mil pesos a la empresa Biodist SA de CV, sin que ésta le proporcionara evidencia documental de haber hecho efectivamente pruebas para el laboratorio central, ni de que se llevaran a cabo procedimientos relacionados con el banco de sangre.
Por otra parte, se reveló que el hospital erogó 11 millones 772 mil pesos a Lavandería de Hospitales y Sanatorios SA de CV, también sin acreditar que se haya concretado la recolección de ropa sucia ni la entrega de ropa limpia o la capacitación al personal del instituto para el manejo de estos insumos.
Otras posibles irregularidades, que involucran el pago de más de 90 millones de pesos, están relacionadas con el pago a diferentes compañías, sin que comprobaran efectivamente haber llevado a cabo servicios de limpieza, entrega de alimentos, vigilancia policiaca, así como abastecimiento de papel higiénico y toallas de papel.
En tanto, sobre la Cofepris, la ASF indicó que este organismo, desconcentrado de la Secretaría de Salud, debe aclarar el destino de 121 millones 934 mil 474 pesos, debido al presunto uso irregular de estos fondos, también provenientes de los capítulos 2000 y 3000.
Según la Auditoría, entre las fallas detectadas está que “no se vigiló que los registros contables-presupuestarios proporcionaran estados financieros confiables para la toma de decisiones” del organismo, y “no se coordinó ni controló la integración de las cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal”.
Además, “no se acreditó que el almacén de la Cofepris contara con una herramienta informática para el registro de entrada y salida de las sustancias químicas” bajo su vigilancia. De igual manera, las autoridades responsables tampoco “supervisaron la aplicación de evaluaciones de seguridad del software” del organismo.
Además, “se constataron transferencias de recursos públicos federales entre empresas proveedoras, así como transferencias a un servidor público de la Cofepris y a su cónyuge, en las que participaron diferentes personas físicas y morales”.
Fernando Camacho Servín
Fuente: La Jornada