Alvaro Aragón Ayala.
Los despidos en cadena de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura despiden el tufo de la corrupción de alto nivel. Los trafiques con plazas revela favoritismos y trinquetes económicos y pleitos intestinos en esa institución, en donde, al chocar todos contra todos, brota el grado de podredumbre de la secretaría.
En un año 4 meses que lleva la administración estatal, la 4T ha procesado dos ceses masivos en la SEPyC ofreciendo la lectura de la carencia de pericia de la titular de la dependencia, Graciela Domínguez Nava, en el dominio del personal a su cargo y la falta de inteligencia en la toma de decisiones. La cuenta regresiva para la funcionaria ha iniciado.
Las primeras destituciones ocurrieron en octubre del 2022. Fueron cesados Valentín Soto Gallardo de la Subdirección Informática, Roberto E. Xantos López Macías de Recursos Materiales y Servicios, Eduardo Ochoa Villegas de la dirección de Servicios Administrativos, Jaime Quiñónez Muñoz, coordinador de programas federales y José Cipriano de Infraestructura Educativa.
Ninguno impugnó su despido ni desmintió las acusaciones en su contra. Sin embargo, Off the record, unos alegaron ser víctimas de un proceso de limpieza que tiene como propósito convertir a la SEPyC en una plataforma electoral a favor del proyecto político del diputado Feliciano Castro Meléndrez; otros alegaron que los corrieron porque estorbaban en los negocios subterráneos que se cocinan en la dependencia.
El segundo despido se dio a principios de esta semana en medio de la parafernalia del tráfico de plazas-horas en la SEPyC, bajo la advertencia de que seguirán otras destituciones para desmantelar la red de corrupción que opera en las entrañas de la institución gubernamental. En la primera línea de la investigación anticorrupción fue colocado Horacio Lora Olivas, subsecretario de Educación Básica.
Fueron cesados con la etiqueta de corruptos, Graciela Grijalva Castro, Directora de Educación Primara Estatal; Delia Esmeralda López Altamirano, Directora del Departamento de Educación Preescolar Estatal; Jesús Iván Tirado Páez, Oficial Administrativo de Preescolar Estatal; Jesús Alfonso Durán López, Subdirector de Personal; Carlos Alberto Lizárraga García, Jefe del Departamento del ramo Educativo de la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de administración y Finanzas.
Lo más natural, lo más obvio, es que la investigación por corrupción, por tráfico de plazas, sea direccionada al despacho del ex diputado y actual subsecretario de Educación Básica, Horacio Lora Olivas, por ser y aparecer en el organigrama de la SEPyC, como el responsable de regularizar o controlar la asignación de plazas en kinders y primarias, pero resulta que él no maneja esa área.
Hace ocho meses, dada la confianza y los vínculos afectivos con la titular de la SEPyC, el rosarense Jesús Alfonso Durán López, recién despedido fulminantemente de la Subdirector de Personal, comenzó a hacerse cargo directamente de múltiples funciones que corresponden al Subsecretario de Educación Básica. Graciela Domínguez mantiene “semi-congelado” a Lora Olivas.
Ese vínculo, Durán López-Graciela Domínguez, abre una importante línea de investigación, una vertiente no explorada, que podría desvincular de toda sospecha o de cargos de corrupción a Horacio Lora Oliva, hacia donde apunta hasta ahora la indagatoria anticorrupción. Incluso, por razones de poderío político, se habla de que en este caso pueden pagar justos por pecadores.
Hace ocho meses, pues, Jesús Alfonso Durán recibió la encomienda de Graciela Domínguez Nava de hacerse cargo, de manera personal, de la asignación de plazas-horas, bajo la indicación de que pusiera atención especial en el control de los espacios que dejan vacío el personal jubilado dándole manga ancha para todo. Si no hay quien la bloquee, la indagatoria puede tocar la puerta de las oficinas de Graciela Domínguez.