Pese a presencia militar, crímenes han ido en aumento en México, alertan. El informe de Human Rights Watch destacó que los elementos castrenses han matado, desde 2007 y hasta septiembre de 2022, a 5,335 civiles, de acuerdo a datos gubernamentales.
La política de militarización en México ha sido un fracaso, aseveró la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre derechos humanos 2023.
Los militares, alertó en su informe la ONG, pueden detener legalmente a civiles, tomar control de la escena de un crimen y preservar evidencias, mientras realizan acciones de seguridad pública, control de migración y cumplimiento de normas aduaneras.
Tyler Mattiace, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó que en México la estrategia de asignarle tareas de seguridad pública a los militares se ha venido utilizando desde hace 20 años y ha sido un fracaso.
El especialista mencionó que durante el tiempo en el que se ha implementado la estrategia de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se ha visto un incremento constante en la violencia y homicidios que ocurren dentro del país.
Durante su participación en la conferencia de la presentación del Informe Mundial 2023 de HRW, el investigador denunció la falta de rendición de cuentas, por parte de las autoridades, sobre los abusos de militares en México.
El informe destacó que los elementos castrenses han matado, desde 2007 y hasta septiembre de 2022, a 5,335 civiles, de acuerdo a datos gubernamentales.
Mientras que las denuncias que se han presentado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra miembros del Ejército y la Guardia Nacional, desde 2018, han ido en aumento.
El documento publicado por HRW también menciona que los casos de abusos de las autoridades militares contra la ciudadanía casi nunca son llevados ante la justicia.
Además, se detalló que el año pasado el Congreso autorizó una modificación que determina que los soldados deben estar sujetos al fuero militar, y no al civil, pese a que realizan actividades de seguridad pública.
Por otro lado, el informe señaló que los Guacamaya Leaks mostraron que altos funcionarios obstruyeron en la investigación de abusos que, posiblemente, fueron cometidos por miembros del Ejército.
Políticas contra migrantes
Por su parte, Ari Sawyer, investigador de HRW, explicó que las políticas migratorias que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden han implementado pretenden castigar a las personas migrantes.
Cifras del Informe Mundial señalaron que López Obrador ha intensificado sus esfuerzos para evitar que personas crucen el territorio mexicano en búsqueda de llegar a Estados Unidos; y para esto, ha movilizado a casi 30,000 soldados para realizar tareas migratorias.
También que, durante la actual administración, se han impuesto nuevos y más estrictos requisitos de ingreso a ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia.
Además, el documento señala que el sistema de asilo en la República mexicana se encuentra desbordado ya que, desde 2013, las solicitudes nuevas prácticamente se duplican por año.
La investigadora indicó que todas estas medidas, en lugar de detener la migración, provocan que las personas recurran a zonas más peligrosas para realizar los cruces, lo que pone en peligro sus vidas.
“Bajo la administración Biden, el año pasado, se han muerto más de 800 personas. Entonces, el problema es muy grave”, sentenció.
Reforma electoral
Tyler Mattiace aseguró que, a pesar de que el “plan A” de la reforma electoral no se aprobó, el “plan B” contiene partes que ponen en riesgo la democracia y las elecciones libres e imparciales en México.
“La reforma que se aprobó en diciembre, va a facilitar que servidores públicos utilicen su puesto y utilicen el presupuesto público para hacer campaña”, denunció el investigador.
Arturo Rojas
Fuente: El Economista