Especialistas destacan que es el Presidente más activo en tratar de inhabilitar contrapesos que son piezas clave para la democracia.
El 8 de agosto de 2018, al recibir su constancia de Presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que no intervendría en la autonomía de los poderes. Sin embargo, ha roto su compromiso al arremeter en diversas ocasiones contra ministros de la Suprema Corte y otras entidades autónomas del Estado.
“En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”, afirmó claramente.
Sin embargo, especialistas señalan que tuvo un distanciamiento con el Poder Legislativo, donde perdió la mayoría, y su Gobierno se ha caracterizado por el intento de controlar los contrapesos a través de embates a organismos autónomos como el Inai o el INE.
Jesús Ibarra, académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del ITESO, explica que en toda su gestión ha buscado romper los contrapesos de una forma política.
“Es el Presidente más activo en inhabilitar contrapesos y división de poderes”.
Arturo Argente Villarreal, profesor de Derecho de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, opina que AMLO va a pasar a la historia por su desdén hacia el Poder Judicial.
Mientras que Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG, destaca que este conflicto se notó al no invitar a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial al evento por la conmemoración del pasado Grito de Independencia.
AMLO atenta contra democracia y Estado de Derecho: Expertos
Los embates que han caracterizado la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Poder Judicial, así como el más reciente anuncio de la reducción de su presupuesto, son acciones que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho, advierten especialistas en la materia.
El académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra, detalla que atentar contra la democracia y concentrar el poder desactivando a otros Poderes públicos nos afecta a todos.
“Es importante que las candidatas que ahora aspiran a la Presidencia tengan claridad sobre la relevancia del Estado de Derecho en México, que a nivel mundial somos los que más hemos caído. Básicamente cuando falta el orden constitucional, tenemos como resultado más violencia, menos instituciones que nos salvaguardan derechos fundamentales”.
Ibarra resalta que el ejemplo más reciente fue que no invitó a los otros Poderes al Grito de Independencia. “Rompe con todo el marco jurídico constitucional, confunde el Estado con el Gobierno. El Grito es una conmemoración de Estado donde tendrían que estar los tres Poderes.
A los constitucionalistas nos pareció un escándalo, pero a la base popular no afecta que exista este desdén hacia el Estado. El Estado de Derecho lo ha buscado domesticar”.
Por su parte, Arturo Argente Villarreal, profesor de derecho de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tecnológico de Monterrey, recuerda que la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes plantea que “todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”.
El académico considera que el actuar de AMLO, principalmente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasará a la historia y será recordado por la frase “no me vengan con que la ley es la ley”, donde evidencia su desdén hacia el Estado de Derecho.
“El Presidente ha privilegiado el aspecto político que el actuar acorde a los lineamientos constitucionales. La enseñanza que nos deja es que cualquier persona que llegue a tomar las riendas de alguno de los tres Poderes deben de saber los lineamientos constitucionales, los límites para su ejercicio político”.
Destaca que el actuar es un retroceso. “En la administraciones del PRI no había contrapesos, se actuaba conforme a lo que el Presidente quería. La Suprema Corte actuaba como simple comparsa. Por fin hemos visto a una Suprema Corte como contrapeso real, ante sus intentos, por violar la Constitución”.
REFERENCIA
Esto dijo en el primer discurso como Presidente electo
El 8 de agosto de 2018, al recibir de la presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, su constancia de Presidente electo, en la sede del Tribunal, prometió que no intervendría en la autonomía de los Poderes. “En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las Entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”, afirmó López Obrador.
LA VOZ DEL EXPERTO
De Eduardo Medina a Norma Piña, el recuento
Jesús Ibarra, académico del ITESO
El especialista recuerda que al inicio de la gestión del Mandatario Andrés Manuel López Obrador, en 2019, fue cuando ocurrió la renuncia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, nombrado con Enrique Peña Nieto.
“No nos quedó claro por qué. Parece que había un caso de corrupción, pero no había datos claros sobre lo que ocurrió. Él renuncia y López Obrador nombra a cuatro ministros, lo cual es clave, y con eso lograba evitar acciones de inconstitucionalidad”.
Después, rememora que llega el ministro Arturo Zaldívar, y con los ministros nombrados busca anular el contrapeso de la SCJN.
“Pero no le respondieron como él esperaba, el mismo Presidente reconoce que se equivocó con el nombramiento. El ministro fue muy cercano a los intereses de Obrador, y fue su etapa de mayor influencia, para evitar que invalidaran varias iniciativas y proyectos de ley”.
Ibarra abunda en que después viene la segunda etapa, con el nombramiento de la actual ministra presidente, Norma Piña, donde actúan con mayor autonomía e invalidan proyectos como el “plan B” electoral, que pretendía otorgar mayor control al Gobierno.
“Con este nuevo momento de la ministra Norma Piña, se detiene el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de Zaldívar ha sido un verdadero contrapeso. Eso no ha ocurrido con el poder legislativo, donde tiene una mayoría simple, aunque no logra tener la mayoría calificada para cambiar la Constitución”.
Añade que será importante ver los cambios que tendrá el poder judicial con el recorte presupuestal anunciado.
“Visto en términos de política, es la venganza o reproche al poder judicial, en términos de justicia perdemos todos. También hay un recorte al Tribunal electoral en pleno proceso electoral, y eso podría causar problemas que ya teníamos resueltos”.
Defensa a la Constitución, causa de conflicto
Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG
El académico considera que en toda la administración, el Presidente y los Poderes Legislativo y Judicial han tenido una relación compleja, particularmente con el Poder Judicial. Recuerda que al principio de la gestión comenzó con una mayoría en las dos cámaras, tanto de senadores como diputados, con lo que pudo presentar proyectos de ley. “Fue famosa la expresión de que no movieran ni una sola coma. La relación fue armoniosa en cierto sentido”.
Considera que el conflicto con el Poder Judicial ha sido principalmente porque la Suprema Corte ha trabajado en el análisis y la interpretación, respecto al hecho de que los procesos judiciales sean procesos que no contravengan la Constitución política.
“Muchas de las disposiciones que se han establecido tienen problemas en la interpretación jurídica del respeto a la constitución. Allí es donde se han dado gran cantidad de conflictos y choques entre los dos Poderes”.
Después de 2021, hay un cambio en fuerzas políticas en Cámara de Senadores y Diputados y el flujo de instrucciones fue teniendo modificaciones que no gustaron mucho en el Poder Ejecutivo, y de igual forma ocurrió con los nuevos ministros de la Suprema Corte.
“En este momento los conflictos tienen que ver con que no hay el mismo ritmo y flujo en la primera parte de la administración”.
Derechos Humanos está a modo, dice especialista
El académico del ITESO, Jesús Ibarra, opina que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está a modo con la llegada de Rosario Piedra, a quien nombra como alguien cercana.
“Esto evita que la CNDH se pronuncie en temas como la militarización, o del Tren Maya, que se construye sin estudios de impacto ambiental, y violando directamente tratados internacionales, que obliga a que se consulte a la población”.
Además, subraya que todos los proyectos emblemáticos de su Gobierno los ha llevado la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que por medio de Transparencia haya información sobre asignación de contratos a empresas.
“No hay información ni rendición de cuentas sobre ejercicios presupuestales. Eluden la transparencia argumentando un concepto de seguridad nacional”.
También recuerda que el Inai estuvo inhabilitado cuando no hubo nombramiento de comisionados, y que fue gracias a la Suprema Corte que el organismo volvió a funcionar.
Coincide en que al inicio de la administración el Legislativo no fue un contrapeso para el Ejecutivo, donde incluso llegó a sumar a la oposición para que avanzaran temas presupuestales o el acuerdo de la Guardia Nacional.
Arturo Argente Villarreal analiza que cuando AMLO llegó al poder tenía mayoría en el Congreso, por lo que pecó de soberbia. “Pensó que en las intermedias iban a mantener las dos terceras partes, pero perdió el control del Congreso. Lo importante en las próximas elecciones va a ser cómo se va a conformar el Congreso de la Unión”.
TELÓN DE FONDO
Señalamientos recientes
Tan sólo ayer, el Presidente criticó la liberación del abogado Juan Collado al acusar que lo protege el Poder Judicial y se valió de sus influencias, de ser el abogado más cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros políticos mexicanos.
Acusó que en el mismo caso del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, un tribunal ordenó su liberación porque también recibe protección del Poder Judicial.
“No conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Carmona, pues posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos. No estoy diciendo mentiras, me consta”.
El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, concedió al abogado Juan Collado, la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El caso del delito de delincuencia está relacionado con Caja Libertad, el último de los cuatro procesos en los que tenía medida cautelar.
Fuente: El Informador