Alvaro Aragón Ayala
Una investigación desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil Estrategia contra la impunidad que arrojó una “radiografía deplorable” de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa, la cual, además, encubrió al Juan José Ríos Estavillo responsable directo de un daño patrimonial a la Fiscalía General de Justicia de 5 millones 775 mil 8 pesos en 2019.
Tojil Estrategia es una organización sin fines de lucro integrada principalmente por abogadas que combaten la impunidad y que colabora con las instituciones en el desarrollo de políticas públicas, para que todos tengamos acceso a la justicia.
En Sinaloa, IMCO y Tojil encontraron en la Fiscalía Anticorrupción deficiencias como la falta de autonomía, un deficiente uso de los recursos un nivel regular en capital humano, investigaciones y sanciones contra personal, tiene una disminución de policías, tienen una carga promedio baja de expedientes por ministerio público, el cumplimiento es deficiente y en este 2022 han judicializado únicamente un caso.
Una de esas deficiencias es la carga judicial: para 2020 había 13 carpetas de investigación por cada agente del Ministerio Público, mientras que en 2022 tienen únicamente 6 por cada uno. Eso implicó que el nivel de cumplimiento disminuyera.
Para el IMCO y Tojil, uno de los problemas eje de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa es su falta de autonomía. “Implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad en tanto la persecución de los delitos depende directamente del Fiscal del estado”, se explicó en la investigación.
Además, su falta de autonomía provoca también que la Fiscalía no cuente con protocolos, manuales o normatividad para preparar a su personal para realizar las audiencias del procedimiento penal, aun cuando las distintas etapas del proceso penal involucran la actuación de servidores públicos en audiencias.
La falta de este tipo de instrumentos normativos puede afectar el desempeño de los servidores públicos durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos, indicaron las organizaciones.
“Otro elemento crucial en el curso de las investigaciones es la normatividad respecto a la protección de testigos. Contar con normatividad permite recibir denuncias y realizar investigaciones de corrupción que puedan poner en peligro a las personas denunciantes”, se afirmó en el estudio.
Un caso que puede tomarse como ejemplo de la falta de autonomía y sus deficiencias es la investigación que se inició en 2021 en contra de Juan José Ríos Estavillo, en funciones de Fiscal General de Justicia, por haberse incrementado su salario y el de su círculo más cercano de colaboradores .
Se trata de la carpeta de investigación FGE/FECC/0003/2021/C.I. Esta incluyó al Fiscal General, su círculo más cercano entre fiscales, vicefiscales y directores, así como a Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora General del Estado, la auditora de Cumplimiento Financiero, la auditora de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, el Jefe del departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales y Auditores de Cuenta Pública.
Los delitos que se investigaron fueron Delitos Cometidos contra Servidores Públicos y Delitos Cometidos por Servidores Públicos, más los que resulten. Todo ello es por el perjuicio contra el patrimonio y el servicio público de la Fiscalía General del Estado, según se informó en la solicitud 00339821 hecha a la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía reconoció que hay un posible daño a la hacienda pública del organismo tras haber utilizado 5 millones 775 mil 8 pesos en 2019 para subir el sueldo del Fiscal General y 10 personas que se encuentran en su círculo cercano, tal como lo reveló la Auditoría en su último reporte.
Sin embargo, prefirió realizar una carpeta de investigación, la cual se resolvió dentro de la misma Fiscalía Anticorrupción, absolviendo Juan José Ríos Estavillo y a sus colaboradores.