Interpone UIF 49 denuncias por trata y tráfico de personas

Si bien la UIF ha interpuesto denuncias ante la FGR por presuntos actos de lavado derivados de la trata y tráfico de personas, ambos delitos no figuran en la lista de ilícitos precedentes por los que dicha instancia presentó denuncias durante el primer semestre del 2022.

El sistema financiero en México, principalmente el sector bancario, ha detectado operaciones que pudieran estar relacionadas con el tráfico y trata de personas, por lo que ha informado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al respecto, lo cual ha ayudado a recabar información plasmada en al menos 49 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado relacionado con estos ilícitos.

De acuerdo con una solicitud de transparencia elaborada por este medio, del 2017 a junio del 2022, el sistema financiero envió 1,819 reportes de operaciones inusuales relacionados con la trata de personas, lo que ayudó a la UIF interponer ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), actual fiscalía, 13 denuncias por conductas que pudieran favorecer el lavado de dinero relacionado con este ilícito.

Mientras que del 2004 a junio del 2022, la UIF recibió del sistema financiero 3,544 reportes de operaciones inusuales relacionados con el tráfico de personas, lo cual derivó en la presentación de 36 denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con este delito.

Las operaciones inusuales dentro del sistema financiero son aquellas que comprenden actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas por los clientes de las instituciones financieras. Estos movimientos tienen que informarse a la UIF por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para Manuel Vélez, subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, es importante que el sistema de prevención de lavado de las instituciones financieras detecte este tipo de operaciones, ante lo atractivo que son para los grupos delictivos los ingresos generados por ambos ilícitos.

“Ambos delitos son sumamente atractivos para los grupos delictivos por los ingresos generados. Esto hace que sea viable utilizar el sistema antilavado tanto para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita como investigar presuntos delitos”, comentó Vélez.

De acuerdo con la FGR, si bien la trata y el tráfico de personas están relacionados, existen diferencias entre ellos. Por ejemplo, la trata es un delito con fines de explotación que puede ser sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o, incluso, la extracción de órganos.

Mientras tanto, el tráfico de personas se define como el tránsito ilícito de individuos entre fronteras a cambio de una retribución.

Ganancias y riesgos

Si bien no existen cifras oficiales, las estimaciones mundiales indican que la trata puede generar recursos ilícitos por 150,000 millones de dólares al año y el tráfico, cerca de 10,000 millones de dólares anuales.

En este escenario, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo han alertado sobre el riesgo de ambos ilícitos y cómo las ganancias de estos pueden hacerse pasar como legítimas por el sistema financiero.

El representante del Observatorio Nacional Ciudadano indicó que, ante este contexto, la UIF debe de adoptar una estrategia más proactiva para poder armar casos más sólidos y lograr resultados contundentes en materia de procuración de justicia.

Se necesita que la UIF adopte una estrategia más proactiva. Es un signo positivo que ambas conductas ya se perfilen en la Evaluación Nacional de Riesgos, pero hace falta el desarrollo de más investigaciones, tipologías y guías de banderas rojas e indicadores transaccionales y de comportamiento”, destacó Vélez.

El investigador acotó que las instituciones financieras, al ser la primera fuente de información de la UIF, deben reportar más y mejor para que dicha instancia pueda desarrollar tipologías y, así, dar a conocer los riesgos detectados.

Fernando Gutiérrez

Fuente: El Economista