Haydeé Gómez, analista en Intersecta y abogada por la UNAM, comentó que esta figura jurídica vulnera los derechos de las personas; además pidió que haya independencia judicial.
Este 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional, tema que ha generado un gran debate entre diversos sectores de la sociedad, las fuerzas políticas del país e instituciones internacionales de derechos humanos.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Haydeé Gómez, analista en Intersecta y abogada por la UNAM, comentó que en la organización feminista en la que ella colabora, se encuentran emocionados de que esta discusión se retome en los medios de comunicación.
“Técnicamente no es la primera vez; sin embargo, sí sería la primera vez que se inaplique por considerarlo de que va en contra del parámetro de regularidad constitucional, qué quiere decir esto, que va en contra de los principios constitucionales o tratados internacionales”.
Recordó que en 2011 se reformó la Constitución para establecer que los derechos humanos iban a estar tanto en fuente constitucional como internacional y que a partir de ahí no hay una jerarquía entre los tratados y la Constitución.
“Precisamente después de esta reforma, se estableció un criterio de la Suprema Corte, respecto a que cuando hay una restricción expresa de derechos humanos en la Constitución va a prevalecer la restricción constitucional”.
De ahí, dijo, que se va a discutir es siestos criterios constitucionales continuarán existiendo o no y eso se hará a través de la prisión preventiva oficiosa, que permite que una persona pueda ser encarcelada antes de que tenga una sentencia.
Detalló que si se discute, sería la primera vez que la SCJN determina inaplicar de manera directa la Constitución, lo que tendría efectos muy importantes en materia de prisión preventiva oficiosa, sino también porque se cambiarían los criterios de la Corte.
Comentó que datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad permiten contextualizar lo que ocurre respecto a esta figura jurídica, en la que se evidencia que son los jóvenes los que se encuentran en prisión preventiva, con educación básica y en situación de pobreza.
Además, dijo que es grave la situación en la que viven en las cárceles, en condiciones de hacinamiento y carencias.
Agregó, que en caso de que se declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ahora se tendría que dictar la prisión preventiva justificada, y demostrar ante un juez que es necesaria, proporcional y excepcional.
“Las personas a las que les dictaron prisión preventiva oficiosa, en esos casos ahí se podría revisar caso por caso”.
Dijo que estas personas podrían pedir, en su defensa, la revisión de esta medida cautelar y determinarse si sigue siendo necesaria o si se vale liberar a las personas.
“Estamos esperando que se vaya a eliminar a través del criterio que dicta el ministro Luis María Aguilar Morales y la ministra Norma Piña”.
Finalmente, Haydeé Gómez señaló que el presidente no tiene claro la división de poderes, y debería fortalecerse la independencia judicial, poniendo en el centro del debate los derechos de las personas acusadas y víctimas, ya que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos de ambas.
Fuente: El Heraldo de México