En el segundo año del gobierno de Donald Trump, uno de cada cinco migrantes deportados por orden de jueces migratorios en Estados Unidos es mexicano. En lo que va del año fiscal 2026 en ese país –que se inició el 1º de octubre de 2025 y finaliza el próximo 30 de septiembre– los tribunales migratorios han ordenado expulsar a 160 mil 29 paisanos, casi 78 por ciento más que la segunda nacionalidad con más casos, los venezolanos, que acumulan 90 mil 249 órdenes de deportación.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo de investigación de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a los tribunales de inmigración estadunidenses –instancias federales que dependen del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial–, en ese mismo periodo las cortes migratorias emitieron 741 mil 870 órdenes de deportación –entre remoción y salida voluntaria–, cifra que representa 83.5 por ciento de los casos resueltos por esos tribunales.
Las órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios son sólo una de las vías por las que Estados Unidos expulsa a migrantes. Este mecanismo, el más garantista, se da cuando las autoridades presentan un caso ante un juez de inmigración, quien celebra audiencias –en las que el migrante puede defenderse– antes de emitir un fallo.
Sin embargo, existen otras vías no judiciales para deportar, como la “remoción expedita”, que permite a agentes de ICE o la Patrulla Fronteriza deportar en días a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en ese país, sin pasar por un juez.
Detrás de los mexicanos y los venezolanos, en la lista de nacionalidades con más órdenes de deportación dictadas por los jueces migratorios están los hondureños, con 89 mil 7 casos; los guatemaltecos, con 87 mil 255, y los colombianos, con 48 mil 458.
Datos del TRAC indican que sólo 1.79 por ciento de los nuevos casos abiertos ante las cortes migratorias en el año fiscal en curso buscaban la deportación por presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular al país, lo que, indica la organización, contrasta con el discurso de la administración de Trump, que ha justificado la ofensiva migratoria como medida de seguridad pública.
Sólo en agosto pasado, los jueces de inmigración completaron 96 mil 184 casos, de los cuales 77 mil 234 terminaron en orden de remoción y 9 mil 20 en salida voluntaria; es decir, 89.7 por ciento de los procesos resueltos ese mes concluyeron con la expulsión del migrante.
Los datos indican que apenas 24.2 por ciento de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en ese mes –incluidos menores no acompañados– contaron con un abogado.
Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes ante las cortes de inmigración, de los cuales 2 millones 278 mil 978 corresponden a solicitantes de asilo que esperan una audiencia o resolución.
De acuerdo con el TRAC, los jueces migratorios han realizado 66 mil 620 audiencias de fianza en lo que va del año fiscal, de las cuales sólo 20 mil 258 –menos de un tercio– terminaron en la concesión de la fianza al migrante.
Arturo Sánchez Jiménez
Fuente: La Jornada