Álvaro Aragón Ayala.
Los antecedentes de la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, la mezclan en el encubrimiento de actos de corrupción deleznables y en el solapamiento de autoridades estatales involucradas en el saqueo de recursos públicos y en la entronización de la Auditoría como herramienta para el golpeteo y la perpetración de de venganzas políticas personales y grupales.
Con ese negro historial, la titular de la ASE es usada como instrumento para intentar fabricar falsos desvíos de recursos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante auditorías al Alma mater previamente manufacturadas en rubros que ya están siendo auditados puntualmente por autoridades federales.
Por consigna gubernamental, fuera de sus facultades la ASE intenta fiscalizar el presupuesto o gasto federalizado del alma mater que ya está siendo auditado por la Auditoría Superior de la Federación en materia del Fondo de Aportaciones Múltiples, la auditoría forense y el gasto absoluto. El propósito es claro: inventarle mal manejo financiero a la UAS.
La exploración y análisis de la actuación, omisión y sumisión de la ASE la coloca como cómplice del gobierno corrupto de Quirino Ordaz Coppel y la instala como comparsa de la administración estatal de Morena. Graciela Domínguez, en su calidad de diputada de la 63° Legislatura, la acusó de solapar las corruptelas del ex gobernador de Sinaloa. Los registros no mienten.
A falta de elementos políticos-legislativos para desaforar a Jesús Estrada Ferreiro, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera se coludió con la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, para armar un voluminoso expediente penal con el propósito de consolidar las acusaciones contra quien fuera alcalde de Culiacán y culminar con su desafuero. Ya fuera de la presidencia, Estrada se defiende en los tribunales federales.
Por tres años -primer periodo de gobierno de Guillermo Benítez Torres-, la titular de la ASE lo protegió dándole carpetazo a las denuncias de corrupción y solo intervino en el segundo periodo del alcalde Mazatleco cuando subieron de nivel las presiones de los organismos de la sociedad civil que exigían auditorías a fondo y el cese del “Químico” Benítez.
Olvidándose de la autonomía de la ASE, Emma Guadalupe Félix se convirtió alter ego y a la vez en factótum del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez y no profundiza en el robo de cheques cobrables que impacta en el presupuesto del Congreso Local. La auditora se instaló en modo “sí señor, lo que usted ordene”.
Como si fuera un ejemplo de honestidad política, Feliciano Castro marca la ruta para intentar practicar auditorías a la UAS violando la Fracción Vigésima del Artículo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La UAS es una entidad de control indirecto y corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, no a la ASE, la fiscalización de sus recursos.
Los antecedentes de Emma Guadalupe Félix Rivera son una nimiedad si se compara con el registro de las denuncias que se han enderezado contra Feliciano Castro. La “desaparición” de los cheques del Congreso Local son una pequeñez si se hurga en el pasado del presidente de la JuCoPO, quien aparece como responsable deactos delictivos como activo de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el 2014, quien fuera líder de los desplazados de la presa Picachos, Atilano Román Tirado, denunció que Feliciano Castro Meléndrez coludido con funcionarios de Banamex se habían apropiado de cheques por el orden de los 40 millones de pesos de una partida de 250 millones de pesos destinados al pago de la expropiación de los terrenos expropiados para la construcción de la obra hidráulica (VER NOTA: DENUNCIAN PRESUNTO FRAUDE EN PAGO A DESPLAZADOS DE LA PRESA PICACHOS
Días después, dos hombres armados atacaron a balazos a Atilano Román cuando transmitía “al aire” un programa referente a los desalojados de la presa y el regateo en el pago de las indemnizaciones en la estación de radio del periódico El Sol de Mazatlán. El líder de los comuneros falleció minutos después en un hospital de Mazatlán.
A raíz del asesinato se “congeló” la denuncia de los 40 millones de pesos en cheques desaparecidos y se cortó así la línea de investigación que conducía a Feliciano Castro en torno al latrocinio. LaProcuraduría de Justicia (hoy Fiscalía) abrió una averiguación (hoy carpeta de investigación), pero nunca se citó a declarar al actual presidente de la JuCoPo pese a ser considerado un elemento clave -incluso sospechoso- para el esclarecimiento del proditorio crimen.
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